El segundo reporte del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la UNAB advierte que esta organización transnacional, instalada en el país desde 2020, opera con bajo perfil violento, diversificación delictual y uso de negocios fachada para encubrir tráfico de drogas, trata de personas y lavado de activos.
El Clan Bang de Fujian, organización criminal de origen chino, se instaló en Chile en torno a 2020 y ha desarrollado una estrategia de expansión silenciosa basada en el bajo uso de violencia y la utilización de negocios legales como fachada para actividades ilícitas. Así lo concluye el más reciente informe del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello, que analiza la historia, estructura y operación de esta red transnacional en el país.
El reporte, titulado “Radiografía a las principales organizaciones criminales transnacionales en Chile: Clan Bang de Fujian”, forma parte de una serie que examina a las bandas extranjeras con presencia local. A diferencia de otras organizaciones como el Tren de Aragua, el Clan Bang privilegia el lucro por sobre la violencia explícita, apostando por el camuflaje y la fragmentación operativa.
Según cifras del Ministerio Público y de Carabineros de Chile, actualmente existen 12 organizaciones criminales transnacionales activas en el país, entre ellas el Tren de Aragua, bandas colombianas, peruanas, dominicanas, mexicanas y una china: el Clan Bang. El contexto general muestra un deterioro sostenido en indicadores de seguridad durante la última década, con un aumento significativo de homicidios, secuestros, porte de armas y extorsiones, además de un crecimiento explosivo de delitos al interior de recintos penitenciarios.
El informe detalla que los orígenes culturales de estas mafias se remontan a las tríadas del sur de China en el siglo XVII, evolucionando hacia estructuras criminales más flexibles tras el siglo XX. La región de Fujian, con fuerte tradición migratoria, generó redes que, si bien en su mayoría son civiles, han sido instrumentalizadas por facciones delictuales para expandirse hacia mercados occidentales y latinoamericanos.
En Chile, el Clan Bang ha desarrollado un portafolio criminal amplio y creciente. Cultivo intensivo de marihuana con tecnología indoor, tráfico de migrantes, trata de personas con fines de explotación laboral y sexual, extorsiones y lavado de dinero mediante negocios fachada forman parte de su modelo operativo. Casinos, malls chinos, karaokes, salas de juego y salones de belleza han sido utilizados como cobertura para ocultar centros de operación y distribución de drogas como cannabis, metanfetamina, éxtasis y ketamina.
Territorialmente, la organización ha sido detectada en comunas de la Región Metropolitana y en regiones como Valparaíso, O’Higgins y La Araucanía, incluyendo San Antonio, Independencia, Recoleta, Macul, Colina, Malloa, Quinta de Tilcoco y Temuco. Su expansión ha sido descrita como silenciosa pero sostenida.
El documento consigna que actualmente hay 31 personas privadas de libertad de origen chino en el país, principalmente por delitos asociados al crimen organizado, aunque no todas pueden vincularse directamente al Clan Bang. La mayoría se encuentra en calidad de imputadas y solo una fracción ha recibido condena, lo que evidencia dificultades probatorias, barreras idiomáticas y la complejidad de acreditar la existencia de una estructura criminal formal ante tribunales.
Entre los casos emblemáticos analizados figura la incautación en 2020 de más de 1.400 plantas de marihuana en Leyda, San Antonio, y posteriores allanamientos en Macul y otras comunas de Santiago. También se incluyen investigaciones por trata de personas y explotación sexual, así como operativos en Barrio Meiggs en 2025, donde se detectaron karaokes clandestinos con venta de drogas y alcohol.
El informe concluye que Chile dejó de ser solo un país de tránsito para convertirse en un territorio de instalación del crimen organizado transnacional. Advierte además que el modelo del Clan Bang complejiza la persecución penal al operar mediante empresas aparentemente legales y redes cerradas que dificultan la infiltración investigativa.
Pablo Urquízar, coordinador del OCRIT UNAB y autor del documento, sostiene que la peligrosidad de esta organización no radica en la espectacularidad de sus delitos, sino en su capacidad de camuflaje y adaptación. “Exige capacidades investigativas especializadas y cooperación internacional permanente”, afirma.
El Observatorio plantea que la respuesta frente a este fenómeno debe ser integral y preventiva, combinando fortalecimiento de la persecución penal, cooperación internacional sostenida y cierre de brechas en control fronterizo, fiscalización económica y presencia estatal en territorios vulnerables. La amenaza, concluye el informe, no es episódica sino estructural, y requiere una estrategia de largo plazo para proteger la seguridad y la gobernanza democrática del país.
