INJPL solidarizó con la magistrada de Caldera y pidió garantizar la autonomía y condiciones mínimas de la judicatura.
El directorio nacional del Instituto Nacional de Jueces y Secretarios Abogados de Policía Local (INJPL) manifestó su respaldo a la magistrada Roxana Varas, quien denunció haber sufrido durante años situaciones de hostigamiento, sufriendo el impacto de estos hechos en su salud, su labor jurisdiccional y su independencia como jueza de la República en la comuna de Caldera (Región de Atacama).
La jueza expuso al Directorio los antecedentes de su caso, incluyendo resoluciones favorables emitidas por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó y un informe de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) que detalla el impacto de estos hechos.
Por unanimidad, el Directorio expresó su solidaridad con la magistrada y advirtió que este caso debe servir como llamado de atención a las instituciones del Estado para resguardar la independencia de la judicatura, especialmente en el ámbito de los Juzgados de Policía Local.
Asimismo, precisan que muchos tribunales locales operan sin los recursos ni las condiciones mínimas necesarias para ejercer sus funciones, situación que se ve agravada por el actuar impropio de algunos usuarios y autoridades locales. Esto —agregan— compromete la dignidad y la autonomía judicial, pilares fundamentales de un Estado democrático de Derecho.
El INJPL anunció que pondrá los antecedentes en conocimiento de las máximas autoridades del país, solicitando medidas concretas para garantizar la plena independencia de la judicatura local, en concordancia con lo establecido en la Constitución vigente.
El INJPL manifestó que condena en forma enérgica tanto las acciones como la actitud persecutoria sostenida en el tiempo por el poder político municipal de turno, en este y en otros casos en Chile y que, para el caso específico, no sólo continúa poniendo en riesgo la salud personal de la jueza, sino que atenta gravemente contra la separación de los poderes del Estado, y constituye una vulneración de garantías constitucionales y del ejercicio de la judicatura independiente; ejercicio que es especialmente difícil como sistema, si se considera que, a diferencia del Poder Judicial, donde un solo órgano se ocupa de la administración de los tribunales, en el caso de los Juzgados de Policía Local, hay tantos administradores como municipios en el país.
