Solo el 36% de las empresas obligadas informa contratar al menos el 1% de personas con discapacidad, según la Ley 21.015. El aumento al 2% sigue suspendido hasta que Chile alcance un 80% de cumplimiento. Fundación Tacal advierte que las brechas son más culturales que técnicas.
En el Día Internacional de la Discapacidad, Chile revisa el avance de la Ley 21.015, vigente desde 2018 y que exige a empresas y organismos públicos con más de 100 trabajadores contratar a personas con discapacidad (PcD). Sin embargo, su implementación sigue lejos de consolidarse: de las 11.620 empresas privadas obligadas, solo 4.277 cumplieron en 2024, equivalente al 36,4%. En el sector público, el cumplimiento es aún menor, alcanzando apenas el 15%.
El país registra 2.703.893 personas adultas con discapacidad, el 17,6% de la población mayor de 18 años. A pesar de ello, el avance de la ley continúa siendo limitado. La normativa exige contratar al menos el 1% de PcD y permite medidas alternativas para las empresas que no alcanzan la cuota, como aportes obligatorios a organizaciones reconocidas por el Ministerio de Desarrollo Social.
Barreras culturales y desconocimiento
Las cifras reflejan obstáculos persistentes: falta de preparación interna, desconocimiento, prejuicios y un uso extendido de medidas alternativas. Para Andrea Zondek, presidenta de Fundación Tacal, el principal problema no es técnico, sino cultural.
“Una vez un gerente me dijo: ‘me complica contratar a alguien que no puede hacerlo todo’, y le respondí: ‘¿y quién puede hacerlo todo? Nadie’. Contratar personas con discapacidad no es caridad, es capacidad y aporte real”, afirma. Agrega que aún existen solicitudes que muestran un profundo desconocimiento: “Una empresa pidió cinco ingenieros civiles con discapacidad. Les expliqué que no generamos ‘ingenieros en sillas de ruedas’. Este tipo de situaciones no es aislada”.
Baja fiscalización y diferencias por sector
Aunque la ley contempla multas de 20 a 30 UTM mensuales por cada cupo faltante, la fiscalización sigue siendo baja: solo 1% de las empresas incumplidoras recibe sanción efectiva. Entre 2019 y 2025, la Dirección del Trabajo aplicó más de $7.000 millones en multas, cifra que sigue siendo reducida considerando que en Chile existen 3.600 empresas con más de 300 trabajadores.
Sectores como retail, banca y servicios corporativos suelen superar la cuota legal, mientras que construcción, agro y transporte presentan mayores dificultades. El sector público muestra un rezago más crítico: menos del 15% cumple y, a diferencia del privado, no enfrenta sanciones equivalentes. “El Estado no se sanciona a sí mismo”, advierte Zondek.
Mirada internacional: Chile queda atrás
Comparado con otros países, Chile mantiene una cuota baja y un cumplimiento insuficiente para avanzar al 2%.
En Brasil rige desde los 90 un sistema escalonado entre 2% y 5%, respaldado por fiscalización sostenida. En España, las empresas de más de 50 trabajadores deben cumplir un 2%, con medidas alternativas reguladas. La evidencia demuestra que cuotas más altas y control real aceleran la inclusión, siempre que exista un cambio cultural y formación efectiva de talento.
Fundación Tacal: 40 años impulsando inclusión sostenida
En este contexto, Fundación Tacal continúa desempeñando un rol esencial. Creada en 1985, hoy capacita cerca de mil personas con discapacidad al año, en áreas que abarcan logística, alimentación, competencias digitales y hasta inteligencia artificial. Entre sus egresados hay personas sin escolaridad completa y profesionales universitarios que antes no encontraban oportunidades laborales.
“El trabajo dignifica y las empresas crecen con diversidad. Pero para que la ley genere inclusión real, necesitamos educar, fiscalizar y abrir oportunidades sostenidas, no solo cumplir un número”, concluye Zondek.
