Defensoría de la Niñez alertó que más de 7.500 expulsiones y cancelaciones de matrícula se registraron entre 2018 y 2025, con un 12% de estudiantes que no logró reinsertarse en el sistema educativo.
Expulsiones escolares, Defensoría de la Niñez, continuidad educativa, derecho a la educación, exclusión escolar y sistema educativo chileno son parte de los principales hallazgos del análisis del Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez, que advierte sobre el fuerte impacto que estas medidas disciplinarias tienen en las trayectorias educativas de niños, niñas y adolescentes, así como el riesgo de desvinculación prolongada del sistema escolar.
La Defensoría de la Niñez alertó sobre una dimensión poco visibilizada del debate en torno a las expulsiones y cancelaciones de matrícula: sus efectos directos en la continuidad educativa y el ejercicio efectivo del derecho a la educación. De acuerdo con los datos recopilados, entre 2018 y junio de 2025 se registraron más de 7.500 procedimientos de expulsión y cancelación de matrícula en establecimientos educacionales del país, con un incremento sostenido en los últimos años.
El análisis evidencia una alta recurrencia de estas medidas en determinadas regiones, especialmente en Arica y Parinacota y Tarapacá, así como un uso creciente en establecimientos emblemáticos, donde entre 2023 y 2024 se observó un aumento del 62%. Asimismo, se constata la aplicación de estas sanciones en etapas tempranas de la trayectoria educativa: entre 2022 y 2025 se contabilizaron 1.560 expulsiones de estudiantes de 1° a 8° básico, lo que da cuenta de una práctica disciplinaria que afecta incluso a la educación primaria.
En informes previos, el Observatorio ya había advertido que un 12% de las y los estudiantes expulsados entre 2018 y 2022 no volvió a matricularse en el sistema escolar durante 2023, situación que confirma las repercusiones estructurales de estas medidas. Para la Defensoría de la Niñez, estos datos constituyen una alerta relevante sobre el riesgo de exclusión escolar, ya que las expulsiones no solo interrumpen el proceso educativo, sino que pueden derivar en una desvinculación prolongada o definitiva, afectando con mayor fuerza a adolescentes con trayectorias marcadas por desventajas acumuladas.
El estudio pone especial énfasis en los establecimientos que reciben financiamiento público, únicos obligados a reportar estos procedimientos, lo que ha permitido identificar focos preocupantes de uso reiterado, especialmente en liceos técnico-profesionales y colegios emblemáticos, con una afectación predominante en estudiantes de enseñanza media.
Al respecto, el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, señaló que “cuando el sistema educativo expulsa a un adolescente sin ofrecer alternativas reales de acompañamiento, no solo se interrumpe su aprendizaje, sino que se le expone a mayores riesgos de exclusión social, al deterioro de su bienestar y a la desvinculación de redes que hoy cumplen un rol clave como factores de protección”.
Frente a este escenario, la Defensoría de la Niñez reiteró la necesidad de reforzar las estrategias de prevención, convivencia y mediación escolar, monitorear estrictamente el cumplimiento de la Ley de Inclusión Escolar, fortalecer el acompañamiento psicosocial en establecimientos con alta recurrencia de expulsiones y promover la participación activa de las familias y comunidades educativas en la resolución de conflictos.
Finalmente, el Defensor de la Niñez subrayó que “los datos muestran que estas medidas se concentran en determinados establecimientos y afectan principalmente a adolescentes, lo que nos obliga a reforzar la prevención, la mediación y el acompañamiento psicosocial para evitar la exclusión educativa”.
