El organismo alertó que la iniciativa que modifica la Ley de Migración y Extranjería vulnera derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes migrantes, contraviene la Ley de Garantías y desconoce estándares internacionales de protección. La institución llamó al Congreso a legislar con enfoque de derechos y sin discriminación.
La Defensoría de la Niñez expresó su profunda preocupación por el proyecto que modifica la Ley N.º 21.325 de Migración y Extranjería, el cual propone restringir el acceso a beneficios sociales financiados con cargo fiscal para niños, niñas y adolescentes migrantes. Según el organismo, la iniciativa vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución, la Ley de Garantías y la Convención sobre los Derechos del Niño.
El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, manifestó su desacuerdo con el texto aprobado por la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara. Explicó que excluir a niños, niñas y adolescentes del acceso a derechos sociales por su condición migratoria es incompatible con las obligaciones internacionales del Estado. Hoy miércoles 26 de noviembre, el primer informe será presentado en Sala, instancia clave para su avance legislativo.
“El Estado debe fortalecer políticas públicas, no restringir derechos. La niñez migrante merece igualdad y dignidad, y debemos garantizar que ningún niño quede en situación de desprotección. Esto es un mandato expreso de la Ley de Garantías y Protección Integral”, afirmó Quesille.
En cumplimiento de su mandato legal, la Defensoría envió recomendaciones formales a la Comisión mediante el Oficio 1310/2025. En el documento recordó que todos los niños, niñas y adolescentes en el territorio nacional tienen los mismos derechos, sin importar su estatus migratorio, y que el artículo 8 de la Ley de Garantías prohíbe cualquier discriminación arbitraria en el acceso a servicios esenciales.
La institución advirtió que el proyecto introduce criterios de priorización en salud y educación que favorecen a personas nacionales, lo que contraviene el principio de no discriminación y podría generar una regresión en derechos sociales. “La respuesta del Estado debe centrarse en políticas públicas inclusivas, no en limitaciones que afecten a la niñez migrante”, remarcó el Defensor.
La Defensoría recordó que ya había formulado observaciones al proyecto contenido en el Boletín 16072-06, insistiendo en que la falta de cupos en educación y salud debe abordarse mediante políticas robustas que respondan a los cambios demográficos, sin restringir derechos fundamentales de la infancia.
Finalmente, Quesille llamó al Congreso a legislar con perspectiva de derechos humanos y reiteró que “ningún niño debe ser privado de sus derechos fundamentales por consideraciones exclusivamente asociadas a su estatus migratorio”.
