La querella criminal apunta a la responsabilidad penal de la empresa tras la colisión de la nave PAM Cobra con la lancha Bruma, tragedia que dejó siete fallecidos y provocó un grave daño ambiental en la Región del Biobío.
La Corporación de Fomento y Desarrollo de Pescadores Artesanales (CORPACH) presentó una querella criminal contra BLUMAR S.A., su directorio y los responsables operacionales de la nave PAM Cobra, por su presunta responsabilidad en la muerte de siete pescadores artesanales y el derrame de miles de litros de combustible en el Golfo de Arauco, en uno de los casos más graves que enfrenta la industria pesquera en Chile en materia ambiental y penal.
Los hechos se remontan a la madrugada del 30 de marzo de 2025, cuando la nave PAM Cobra colisionó con la lancha artesanal Bruma al noreste de Isla Santa María. El impacto provocó el hundimiento de la embarcación menor y la muerte de sus siete tripulantes, generando además una emergencia ambiental de gran magnitud.
La querella sostiene que la empresa es responsable directa del derrame de aproximadamente 5.000 litros de diésel, transportados por la lancha al momento del accidente, los que terminaron vertidos en el mar tras la colisión. Este hecho configuraría el delito de contaminación de aguas, contemplado en la Ley General de Pesca y Acuicultura, y agravado por la Ley de Delitos Económicos y Ambientales, que permite perseguir penalmente a personas jurídicas.
En este contexto, la acción judicial marca un precedente en Chile, al buscar la responsabilidad penal de una empresa pesquera no solo por el actuar de sus trabajadores, sino también como entidad jurídica. BLUMAR S.A. ya había sido formalizada por la Fiscalía de Coronel por su eventual responsabilidad en el delito de homicidio culposo.
Las sanciones solicitadas incluyen penas de presidio menor en su grado medio a máximo, multas de hasta 10.000 UTM y el pago de costas, además de otras medidas que puedan determinar los tribunales.
Desde CORPACH advierten que el impacto de esta tragedia trasciende la pérdida humana. El derrame de hidrocarburos amenaza directamente los ecosistemas marinos y la fuente de sustento de cientos de familias del Golfo de Arauco, incluyendo pescadores artesanales, buzos mariscadores y recolectores de orilla.
“Lo que ocurrió no solo terminó con siete vidas, sino que también contaminó el mar del que dependen nuestras familias. Este daño sigue presente y debe ser reparado”, señaló Hernán Cortés Bernal, pescador artesanal y testigo del caso.
Por su parte, el abogado representante de CORPACH, Ronnie Pérez, enfatizó que “este es un caso emblemático que busca sentar un precedente en materia de responsabilidad ambiental y empresarial en Chile, asegurando que hechos de esta magnitud no queden impunes”.
La Capitanía de Puerto de Coronel ya inició una investigación administrativa, mientras que los antecedentes fueron derivados a la Superintendencia del Medio Ambiente y al Ministerio Público. En paralelo, la querella solicita diligencias como la intervención de la Brigada de Delitos Ambientales de la PDI y la declaración de ejecutivos de la empresa.
El caso pone en el centro del debate la responsabilidad de la industria pesquera en la protección del medio ambiente y la seguridad de las comunidades costeras, en un contexto donde las exigencias legales y sociales son cada vez más estrictas.
