El Congreso Nacional despachó el proyecto de ley de convivencia escolar, buen trato y bienestar socioemocional, que fortalece el rol del Estado, moderniza la normativa educativa y busca garantizar ambientes seguros, inclusivos y respetuosos en todos los establecimientos del país.
La Sala del Senado aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley sobre convivencia, buen trato y bienestar en las comunidades educativas, luego de su paso por Comisión Mixta. La iniciativa fue respaldada por 31 votos a favor y quedó lista para su revisión por el Tribunal Constitucional, paso previo a su promulgación como Ley de la República.
La propuesta impulsada por el Ejecutivo responde a los crecientes desafíos de convivencia, violencia escolar y bienestar socioemocional que enfrentan los establecimientos educacionales, instalando un marco normativo actualizado que pone en el centro el derecho de niños, niñas, adolescentes y equipos educativos a desarrollarse en entornos seguros, inclusivos y respetuosos.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, valoró la aprobación del proyecto, destacando su carácter estructural y su impacto directo en los aprendizajes. “Nuestro sistema educativo necesita con urgencia una ley de convivencia. Cuando los climas escolares no son adecuados, los aprendizajes no ocurren o se ven seriamente afectados. Este proyecto tiene un profundo sentido pedagógico y apunta a la mejora integral del sistema educativo”, señaló la autoridad.
El secretario de Estado subrayó que la iniciativa va más allá de la sanción de conflictos, incorporando una mirada formativa y preventiva de largo plazo. Si bien reconoció avances en asistencia y revinculación tras la pandemia, enfatizó que el mayor rezago se mantiene en convivencia y bienestar socioemocional, calificándolo como una deuda del Estado con niños, niñas y adolescentes.
La nueva normativa fortalece el rol del Estado en la promoción del buen trato, la prevención del acoso, la violencia y la discriminación, y establece herramientas concretas de gestión y acompañamiento para las comunidades educativas. Entre sus principales avances se encuentra la creación de una Política Nacional de Convivencia Educativa, junto a un Plan de Acción Nacional con vigencia de ocho años, que articulará acciones con ministerios como Seguridad Pública, Salud y Mujer y Equidad de Género.
El proyecto también contempla la incorporación obligatoria de un Coordinador o Coordinadora de Convivencia con dedicación exclusiva en todos los establecimientos que reciben aportes del Estado, reforzando la gestión interna y el enfoque preventivo en los equipos escolares.
Asimismo, se establece la actualización de los Reglamentos Internos y Planes de Gestión de Convivencia, incorporando medidas preventivas frente a situaciones de riesgo como violencia escolar, consumo de drogas y mecanismos de detección y derivación de casos críticos.
La ley refuerza las atribuciones de la Superintendencia de Educación, otorgándole un rol más activo en fiscalización y apoyo preventivo, y crea un Sistema de Monitoreo de la Convivencia Educativa en la Agencia de Calidad de la Educación.
Finalmente, la iniciativa actualiza la Ley General de Educación y el Estatuto Docente, incorporando protocolos obligatorios contra el acoso sexual y laboral, en coherencia con la Ley N.º 21.643, y procedimientos para el reconocimiento de enfermedades profesionales asociadas a la salud mental, consolidando un enfoque integral de cuidado y bienestar en el sistema educativo.
