Iniciativa moderniza la ley de convivencia escolar y refuerza el rol del Estado en la protección del bienestar de las comunidades educativas.
La Comisión Mixta del Congreso Nacional aprobó este miércoles el proyecto de ley sobre convivencia, buen trato y bienestar en las comunidades educativas, una iniciativa que busca actualizar el marco normativo vigente y responder a los crecientes desafíos que enfrentan los establecimientos educacionales en materia de violencia escolar, acoso y deterioro del clima educativo.
Con este respaldo, el proyecto —que pone el foco en la protección del bienestar socioemocional de niños, niñas, adolescentes y equipos educativos— deberá ser votado próximamente en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.
En la sesión participaron las senadoras y senadores Yasna Provoste, Gustavo Sanhueza, Jaime Quintana y Felipe Kast, junto a las diputadas Emilia Schneider y Daniela Serrano, y los diputados Arturo Barrios, Hugo Rey y Stephan Schubert.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, valoró la aprobación de la iniciativa, destacando que se trata de un cambio estructural y urgente para el sistema educativo chileno. “Chile necesita esta ley de convivencia. La evidencia demuestra que cuando los climas escolares no son adecuados, los aprendizajes no se producen o se ven seriamente afectados. Este proyecto tiene un profundo sentido pedagógico y apunta a la excelencia y mejora del sistema educativo”, afirmó.
La autoridad enfatizó que la propuesta no se limita a abordar conflictos o hechos de violencia, sino que instala una mirada formativa de largo plazo, centrada en el respeto, la dignidad y la construcción de comunidades educativas sanas.
Cataldo agregó que, si bien el sistema educativo ha mostrado avances sostenidos en asistencia, aprendizajes y revinculación tras la pandemia, el mayor rezago continúa siendo la convivencia educativa y el bienestar socioemocional, lo que hace imprescindible su aprobación. “Esta es una deuda que el Estado de Chile mantiene con niños y niñas, con nuestro futuro y también con nuestro presente”, señaló.
El proyecto establece un rol activo del Estado en la promoción del buen trato y la prevención del acoso, la violencia y la discriminación, mediante la creación de la Política Nacional de Convivencia Educativa y un Plan de Acción Nacional con vigencia de ocho años, articulado con otros ministerios como Seguridad Pública, Salud y Mujer y Equidad de Género.
Asimismo, considera la implementación de un coordinador o coordinadora de convivencia con dedicación exclusiva en los establecimientos que reciben aportes del Estado, el fortalecimiento de la Superintendencia de Educación, la creación de un Sistema de Monitoreo de la Convivencia Educativa en la Agencia de Calidad y la actualización de reglamentos internos y planes de gestión, incorporando medidas preventivas frente a violencia, consumo de drogas y detección temprana de casos críticos.
La iniciativa también contempla modificaciones a la Ley General de Educación y al Estatuto Docente, incorporando protocolos obligatorios contra el acoso sexual y laboral, en línea con la normativa vigente, así como procedimientos para el reconocimiento de enfermedades profesionales vinculadas a la salud mental.
Uno de los ejes más relevantes del proyecto es la implementación de un programa de bienestar socioemocional, que reorganiza la Jornada Escolar Completa para fortalecer el vínculo, la participación y el desarrollo integral de estudiantes, incorporando talleres deportivos, culturales y recreativos definidos por las propias comunidades educativas.
Este programa ya se encuentra en fase piloto en 176 establecimientos pertenecientes a los SLEP de Iquique, Valparaíso, Gabriela Mistral, Punilla Cordillera y Andalién Sur, con una positiva recepción por parte de las comunidades educativas.
