
El Colegio de Profesores llamó a las autoridades y a la sociedad a no seguir normalizando la violencia en los establecimientos, tras el grave hecho ocurrido en un colegio de Calama.
El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile alertó que la violencia en las comunidades educativas no ha sido abordada con la urgencia necesaria, calificándola como el mayor problema del actual sistema escolar, luego del fatal ataque ocurrido en un establecimiento de Calama.
La organización expresó profundo dolor y consternación por la muerte de una inspectora tras la agresión de un estudiante, enviando sus condolencias a la familia, cercanos y a toda la comunidad educativa afectada.
El presidente del gremio, Mario Aguilar Arévalo, calificó lo ocurrido como “un hecho dramático, terrible e inaceptable, que nunca debió ocurrir”, subrayando que ningún trabajador de la educación debería perder la vida en el ejercicio de sus funciones.
Asimismo, advirtió que este tipo de hechos había sido anticipado por el propio gremio, debido a un aumento sostenido de la violencia en los establecimientos educacionales, situación que —según indicó— no ha recibido la atención suficiente por parte de las autoridades.
En esa línea, Aguilar cuestionó que iniciativas en salud mental anunciadas en años anteriores no se hayan concretado, y que la ley de convivencia escolar aún no entre en vigencia, lo que limita la disponibilidad de herramientas para enfrentar estos escenarios.
“El problema de la convivencia escolar y la violencia es probablemente el más grave que enfrenta hoy el sistema educativo chileno y requiere atención urgente”, enfatizó.
El dirigente también hizo un llamado transversal a las autoridades, instituciones y actores involucrados a asumir su responsabilidad, asegurando que el gremio docente está disponible para colaborar en la búsqueda de soluciones.
Finalmente, el Colegio de Profesores interpeló a la sociedad en su conjunto, señalando que no se puede seguir normalizando la violencia en los colegios, y que es fundamental garantizar espacios educativos seguros para estudiantes, docentes y trabajadores de la educación.
“Las familias deben tener la certeza de que sus hijos e hijas estarán protegidos en los establecimientos educacionales”, concluyó Aguilar.





