
Segundo Informe de Gasto Público en Medicamentos, Estado cubre solo el 17% del gasto en fármacos, mientras los hogares asumen el 62%.
Chile continúa registrando uno de los mayores gastos de bolsillo en medicamentos de América Latina, con los hogares asumiendo el 62% del costo total. Así lo revela el Segundo Informe de Caracterización del Gasto Público en Medicamentos, elaborado por la Escuela de Gobierno UC y la Cámara de la Innovación Farmacéutica (CIF), que además evidencia un descenso en el gasto público y crecientes brechas territoriales entre los distintos servicios de salud del país.
El informe, presentado por el investigador Benjamín Ahumada, indica que el gasto total en salud equivale al 10,5% del PIB, donde el gasto público en medicamentos representa solo un 0,46% del PIB. En contraste, países como Portugal y España destinan entre 1,6% y 1,7% del PIB a este ítem, es decir, tres veces más que Chile.
Este déficit se refleja directamente en los bolsillos de las familias: el Estado solo financia el 17% del gasto en fármacos, mientras el resto recae sobre los hogares. Chile se mantiene así entre los países con mayor gasto de bolsillo en medicamentos de la región, superado solo por México.
El estudio también muestra una disminución del 2,3% en el gasto público en medicamentos durante 2024, y una baja aún más pronunciada del 7,3% en los servicios de salud, responsables de ejecutar hasta el 85% del gasto en fármacos del país. Esta caída resulta significativa considerando que la atención primaria y los servicios de salud concentran la mayor parte de las compras públicas de medicamentos.
Las brechas territoriales también se ampliaron. En 2014, la diferencia de gasto por beneficiario entre servicios de salud era de $67.200; en 2024, llegó a $80.000, con extremos que van desde $31.500 en Iquique hasta $112.300 en Magallanes.
Ahumada precisó que, si bien programas como la Ley Ricarte Soto han contribuido a ordenar el gasto, no han incrementado los recursos disponibles. En paralelo, gran parte del aumento presupuestario en salud ha sido absorbido por costos operacionales y de infraestructura.
El informe también aborda la judicialización del acceso a medicamentos de alto costo, señalando que el gasto informado por FONASA en 2024 alcanzó los $89.821 millones, cifra similar al presupuesto total del programa de Drogas Oncológicas No GES y del Programa de Drogas de Alto Costo (DAC).
Durante el panel de análisis —moderado por Mariela Formas, vicepresidenta ejecutiva de la CIF— participaron los senadores Juan Luis Castro y Francisco Chahuán, junto a Anamaria Arriagada, presidenta del Colegio Médico de Chile, y María Elisabeth Guesalaga, presidenta de la Fundación Mujeres por un Lazo.
La vicepresidenta de la CIF, Mariela Formas, subrayó que “el alto gasto de bolsillo en medicamentos que tenemos en Chile es solo superado por México. Esto ocurre porque los medicamentos no están incorporados en los planes de salud públicos ni privados, y se requieren reformas estructurales para que sean parte de la cobertura”.
Formas agregó que “el estudio mide el gasto en medicamentos de uso común y crónico, pero no considera los medicamentos de alto costo, donde la cobertura financiera es limitada. Mientras tanto, crece la judicialización sin que esos recursos se integren para ampliar las coberturas”.
Por su parte, el senador Juan Luis Castro advirtió que el presupuesto 2025 ya superó en un 120% los fondos destinados a sentencias judiciales por medicamentos de alto costo, alcanzando $53.000 millones a agosto. “Esto demuestra que el Estado está respondiendo caso a caso, sin una política estructural que dé respuesta oportuna a las familias”, enfatizó.
El senador Francisco Chahuán destacó la necesidad de fomentar la investigación clínica en Chile y reducir las brechas regionales, recordando que 60 comunas del país aún no cuentan con farmacias.
En tanto, María Elisabeth Guesalaga enfatizó la importancia de evaluar las tecnologías sanitarias con una mirada más amplia, que considere “la velocidad de recuperación y reinserción laboral de los pacientes, así como la oportunidad de acceso a terapias curativas”.
Finalmente, Anamaria Arriagada, presidenta del Colegio Médico, señaló que los países que han logrado reducir el gasto de bolsillo “lo han hecho mediante sistemas de seguros o ajustes tributarios, caminos que Chile debiera explorar”.
El investigador Benjamín Ahumada cerró señalando que la fortaleza del sistema chileno radica en la calidad de sus registros de gasto, lo que permite generar evidencia útil para la toma de decisiones. “No basta con aumentar recursos: es clave orientar el presupuesto hacia resultados verificables y equitativos. Este informe apunta a construir un sistema más justo, eficiente y con impacto real en la vida de las personas”.







