Chile fortalece control de carga con nueva ley de pesaje obligatorio

Empresas generadoras de carga deberán instalar sistemas de pesaje in situ para prevenir el sobrepeso de camiones y reducir el desgaste vial.

Empresas generadoras de carga deberán instalar sistemas de pesaje in situ para prevenir el sobrepeso de camiones y reducir el desgaste vial.

Con 114 votos a favor y ninguno en contra, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley que obliga a las empresas generadoras de carga a instalar sistemas de pesaje propios. La iniciativa busca modernizar la fiscalización, proteger la infraestructura vial y extender la vida útil de las rutas del país.

Actualmente, Chile cuenta con solo 27 estaciones de pesaje fijas y 27 móviles a cargo de la Dirección de Vialidad.

Las cuales resultan insuficientes frente al creciente volumen de carga que circula por los caminos nacionales. La nueva normativa permitirá incorporar hasta 550 puntos adicionales de control, ubicados directamente en empresas que movilizan 60.000 toneladas o más al año.

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, destacó el impacto del proyecto: “Esta ley permitirá fortalecer significativamente nuestra capacidad de fiscalización, proteger el patrimonio vial y alargar la vida útil de nuestras rutas en más de un 50 %”.

El tránsito de camiones con sobrepeso provoca un deterioro acelerado de la infraestructura, generando altos costos de reparación para el Estado. Actualmente, más del 50 % del presupuesto de la Dirección de Vialidad se destina a mantención de caminos.

Para revertir este escenario, la nueva ley exige a las empresas instalar balanzas automatizadas y software de autocontrol.

Además de cumplir con estándares técnicos definidos por el Ministerio de Obras Públicas. La obligación se aplica a empresas ubicadas en puertos, aeropuertos, terminales de carga, centros de acopio y bodegaje, entre otros puntos de embarque o recepción.

Estas medidas se integrarán con el sistema actual de pesaje —que considera balanzas selectivas, de precisión y móviles—, generando una red de control más robusta y eficiente.

Con esta nueva política pública, el país avanza hacia un modelo de transporte más sostenible, seguro y fiscalizado.

Que protege la inversión en infraestructura y garantiza el cumplimiento de la normativa desde el origen de la carga.

Isabel Chandía

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