A partir de noviembre de 2025, la Ley 21.659 obligará a todo el personal operativo de seguridad privada a utilizar cámaras corporales, elevando los estándares de trazabilidad, evidencia audiovisual y resguardo de datos. Empresas deberán adaptarse tecnológicamente y actualizar sus protocolos.
La implementación obligatoria de cámaras corporales en la seguridad privada será una realidad en Chile. A partir del 28 de noviembre de 2025, comenzará a regir la Ley 21.659, normativa que exige el uso de bodycams para todo el personal operativo que porte armas no letales o dispositivos eléctricos de control. Su objetivo es claro: garantizar evidencia audiovisual confiable, reforzar la transparencia operativa y aumentar la confianza ciudadana en los procedimientos de seguridad.
La nueva ley introduce estándares más estrictos para la grabación, almacenamiento y manejo de registros audiovisuales. Para cumplirla, las empresas deberán actualizar sus sistemas tecnológicos, revisar sus protocolos internos y asegurar la protección integral de la evidencia recopilada.
Marcelo Silva, Channel Manager Hytera en Chile, explica que esta transición marcará “un antes y un después en el sector de la seguridad privada y en el ecosistema de las comunicaciones. Ya no basta con registrar; ahora se exige garantizar evidencia confiable y protegida para procedimientos judiciales”.
El ejecutivo destaca que Hytera cuenta con equipos diseñados especialmente para los nuevos requerimientos. “Nuestros modelos cumplen con estándares como baterías no removibles de alta duración, transmisión segura de datos y resguardo de registros por más de 120 días, tal como exige la normativa”, detalla.
Una oportunidad para modernizar la industria
El sector de la seguridad privada vive un crecimiento histórico. Según datos de la Cámara Nacional de Comercio, entre 2013 y 2023 el número de empresas del rubro aumentó en 350%, mientras que las ventas crecieron más de 400%. Este escenario anticipa una creciente demanda de bodycams y soluciones tecnológicas, lo que ya impulsa una renovación profunda en la industria.
Lino-Alonso Román, gerente general de AndesTEC, señala que la incorporación de estas tecnologías no solo mejora la trazabilidad, sino que también fortalece la confianza interna y externa. “Cuando la tecnología se integra con procesos claros y el personal está capacitado, se produce un cambio real en la gestión operativa y en la percepción que las instituciones generan hacia su entorno”, afirma.
Exigencias legales y resguardo de datos
Uno de los elementos más sensibles del proceso será la correcta gestión de los datos personales. La ley establece estrictos requisitos sobre acceso, custodia, seguridad y manipulación de las grabaciones.
Víctor Beltrán, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, explica que el reglamento busca asegurar una cadena de custodia impecable. “El foco está en la trazabilidad del dispositivo, del software y de los registros, garantizando que no existan usos arbitrarios ni alteraciones. La correcta implementación será clave para evitar sanciones y asegurar la integridad de la evidencia”, precisa.
Hacia una seguridad más moderna, auditable y transparente
El nuevo marco normativo invita a las empresas a prepararse con anticipación. Contar con equipos certificados, protocolos actualizados y personal capacitado será fundamental para enfrentar este cambio.
La seguridad del futuro será tecnológica, trazable y auditable, y la transición temprana permitirá a las organizaciones alinearse con los estándares que exige la ley. Para el sector, esta modernización representa una oportunidad para fortalecer la confianza, mejorar la calidad del servicio y consolidar un ecosistema más profesional y transparente.
