Rebaja de contribuciones, protección contra el abuso patrimonial y mejoras en beneficios sociales destacan entre las principales iniciativas legales y normativas en favor de las personas mayores en Chile durante 2025.
Durante 2025 comenzaron a consolidarse importantes iniciativas legales y normativas orientadas a fortalecer la protección de los derechos de las personas mayores en Chile, corrigiendo vacíos históricos en materias como patrimonio, acceso a beneficios sociales y prevención del abuso económico.
Aunque varios de estos avances se desarrollaron con baja visibilidad pública, su impacto fue significativo en la vida cotidiana de miles de adultos mayores. Así lo explica Iván Cifuentes, perito judicial, asesor tributario y especialista en procedimientos ciudadanos, quien identifica tres iniciativas clave que marcaron un punto de inflexión en la forma en que el Estado aborda la vejez y sus derechos.
Correcciones a la rebaja de contribuciones para adultos mayores
Una de las principales iniciativas de 2025 estuvo orientada a revisar y corregir los requisitos de la Ley N°20.732, que regula la rebaja de contribuciones de bienes raíces para personas mayores.
En la práctica, la aplicación simultánea de criterios como edad, ingresos y avalúo fiscal dejó fuera a miles de potenciales beneficiarios, especialmente a personas mayores con ingresos limitados, pero viviendas cuyo avalúo fiscal se incrementó por revalorizaciones administrativas.
“Lo que nació como un beneficio social terminó convirtiéndose, en muchos casos, en una carga injusta para personas mayores que vieron amenazado su patrimonio”, explica Cifuentes. Las correcciones buscan flexibilizar los requisitos, evitando que adultos mayores enfrenten deudas impagables o incluso la pérdida de su vivienda por exigencias desconectadas de su realidad económica.
Fortalecimiento del marco legal contra el maltrato y el abuso patrimonial
Durante 2025 también se avanzó en la aplicación y fortalecimiento del marco normativo que protege a las personas mayores frente al maltrato, con especial énfasis en el abuso económico y patrimonial.
Estas medidas se alinean con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por Chile y plenamente vigente en el ordenamiento jurídico nacional. El marco legal reconoce el derecho a la integridad física, psíquica y patrimonial, obligando al Estado a prevenir, sancionar y erradicar prácticas abusivas.
Entre ellas se incluyen la administración indebida de bienes, presiones familiares, contratos desventajosos y decisiones económicas adoptadas bajo desinformación.
“Muchas personas mayores no saben que estas situaciones constituyen vulneraciones de derechos ni que existen mecanismos institucionales para denunciarlas”, advierte el especialista, subrayando que el principal desafío sigue siendo el acceso efectivo a la información y a canales de protección oportunos.
Debate sobre apoyos económicos y trato preferente
El tercer eje relevante de 2025 fue la discusión legislativa y administrativa sobre los sistemas de apoyo económico para personas mayores, particularmente en torno a la Pensión Garantizada Universal (PGU) y su suficiencia frente al aumento del costo de la vida.
A ello se suma el refuerzo del principio de trato preferente en servicios públicos, especialmente en áreas como salud, atención municipal y trámites administrativos, un derecho ya reconocido en la legislación vigente y en tratados internacionales ratificados por Chile.
“Más allá del monto de los beneficios, el problema suele estar en el acceso, la información y la forma en que las personas mayores son atendidas por el sistema”, señala Cifuentes.
El desafío pendiente: información y acceso efectivo
Para el especialista, el principal reto que dejan estas iniciativas es asegurar que las personas mayores conozcan sus derechos y sepan cómo ejercerlos.
“No basta con legislar. Si la información no llega de manera clara y oportuna, los avances quedan en el papel”, concluye Iván Cifuentes.
