Un análisis de jurisprudencia revela que los tribunales están endureciendo el estándar de “falta de servicio”, obligando a los municipios a reforzar la mantención y supervisión de espacios públicos para evitar accidentes.
Las municipalidades en Chile enfrentan un escenario cada vez más exigente en materia de responsabilidad civil, luego de que tribunales —incluida la Corte Suprema de Chile— consolidaran un criterio que eleva las indemnizaciones por accidentes en veredas, plazas y espacios públicos, con condenas que en algunos casos superan los $400 millones. La tendencia, evidenciada en fallos entre 2023 y 2026, marca un cambio relevante en la forma en que se evalúa la seguridad urbana y la gestión municipal.
De acuerdo con un análisis de Trifolia, plataforma especializada en investigación jurídica, la jurisprudencia ha fortalecido el concepto de “falta de servicio”, estableciendo que los municipios tienen un deber activo de resguardar la seguridad en bienes nacionales de uso público, incluso cuando existen contratistas o intervenciones de terceros.
Este criterio implica que la responsabilidad no se limita a la ejecución directa de obras, sino que también abarca la supervisión, mantención y advertencia de riesgos para la comunidad, elevando significativamente los estándares exigidos a los gobiernos locales.
Un caso reciente ilustra esta tendencia. La Corte de Apelaciones de Talca condenó a la Municipalidad de San Javier a pagar más de $25 millones tras la caída de una mujer en una vereda en mal estado. El accidente, provocado por un hoyo sin señalización, generó lesiones graves, hospitalización y un proceso prolongado de recuperación, lo que llevó al tribunal a establecer que existió falta de servicio por no garantizar condiciones seguras en un espacio público.
Para fundamentar estas decisiones, los tribunales han aplicado normativas clave como la Ley N°18.575 sobre responsabilidad del Estado, la Ley N°18.695 orgánica de municipalidades y la Ley de Tránsito, reforzando la obligación de los municipios de mantener infraestructura segura y debidamente señalizada.
“Hoy no basta con que exista un contratista o que la obra haya sido ejecutada por otro organismo; si el espacio es utilizado por la comunidad, el municipio tiene un deber activo de supervisión y mantención”, explica Javier Ramírez, abogado consultor de Trifolia, destacando el cambio en el estándar judicial.
Este nuevo escenario está obligando a las municipalidades a reforzar sus sistemas de inspección, mejorar protocolos de señalización y acelerar la respuesta ante denuncias ciudadanas, especialmente en casos de veredas en mal estado, luminarias defectuosas o infraestructura deteriorada.
La tendencia refleja que la seguridad en espacios públicos se ha transformado en un eje crítico para la gestión municipal, donde el incumplimiento puede derivar en altas indemnizaciones y en una mayor presión judicial. En la práctica, los tribunales están redefiniendo las reglas del juego, impulsando una gestión urbana más preventiva, rigurosa y centrada en la protección de las personas.
