Según el catastro de TECHO-Chile, los campamentos siguen al alza: aumentaron en más de seis mil familias entre 2023 y 2025.
Los campamentos son el único componente del déficit habitacional que no disminuyó, lo cual evidencia una precariedad habitacional que no se ha podido reducir en los últimos cinco años pese a diversas políticas públicas y el trabajo de organizaciones y el mundo privado.
Actualmente según TECHO-Chile
En Chile hay 120.584 familias viviendo un campamento, según el Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025 de TECHO-Chile.
El estudio reveló la existencia de 1.428 asentamientos de este tipo a lo largo del país.
Alcanzando la cifra más alta desde 1996.
Esto representa un aumento del 10,6% respecto a la última medición.
Equivale a la incorporación de al menos 6.000 nuevas familias a estos lugares entre 2023 y 2025.
“La falta de herramientas y alternativas reales para salir de su condición mantiene a miles de familias estancadas en campamentos. El alto costo de los arriendos, los bajos ingresos y la necesidad de independencia son los principales factores que perpetúan esta tendencia, extendiendo los tiempos de espera por una solución definitiva a más de una década”, explicó Gonzalo Rodríguez, director ejecutivo de TECHO-Chile.
La crisis habitacional es alarmante
Un 35% de las familias que viven en campamentos lleva más de 14 años esperando una solución definitiva, de acuerdo con la medición.
Al analizar la evolución del déficit habitacional en las últimas tres décadas, el estudio muestra que, a partir de 2020, todos los componentes del déficit se han reducido o estabilizado.
Excepto el número de hogares en campamentos, que sigue aumentando de manera sostenida desde 2011.
Además
Entre 2023 y 2025 se cerraron 346 campamentos; sin embargo, menos de un 30% de esos cierres corresponde a soluciones habitacionales definitivas.
El resto se debe a desalojos, traslados, migraciones entre campamentos u otras estrategias de las familias para encontrar alternativas.
“Aunque Chile ha hecho esfuerzos para disminuir el déficit habitacional en la última década, estos no están logrando impactar en la superación de los campamentos. La mayoría de estas familias sigue sin ser sujeto de política pública. Los campamentos representan hoy el 17% del déficit habitacional, por lo que no podremos enfrentar la crisis de vivienda sin abordarlos”, agregó Rodríguez.
Organización comunitaria: un capital social clave
La organización comunitaria dentro de los campamentos reviste un potencial fundamental para avanzar hacia soluciones de vivienda.
Según el catastro
- El 78% de los asentamientos cuenta con una directiva activa.
- El 69,1% tiene un comité de vivienda formalmente constituido (del cual el 91% tiene personalidad jurídica).
- 65% tiene un objetivo de solución habitacional definido.
- Todo lo cual debería facilitar el acceso a mecanismos estatales como subsidios o mejoras de entorno
“Pese al fortalecimiento de esta organización en los campamentos, solo el 4% de los asentamientos cuenta hoy con un proyecto habitacional colectivo en ejecución», explicó Javiera Moncada, directora del centro de estudios de TECHO-Chile.
«Esto demuestra que hay un desajuste profundo entre las capacidades de la política habitacional actual y las realidades de estas comunidades y que aunque se observa lo crucial de esta organización comunitaria, la acción del Estado es clave para traducir este capital social en resultados tangibles”, señaló.
Habitabilidad primaria no permanente y desalojos
A pesar de ciertos avances, la precariedad sigue presente.
En los campamentos donde las viviendas se han consolidado, el 60,9% aún carece de conexiones regulares a servicios básicos como agua potable o electricidad.
En contraste, cerca del 40% de los asentamientos donde predominan viviendas más frágiles cuenta al menos con conexión a fosa séptica, una mejora respecto a sistemas más precarios como letrinas o cajones sanitarios.
Por lo cual se infiere que las personas no están estableciéndose de forma definitiva, sino que están priorizando, o invertir en su casa o en conectar servicios.
Por otro lado
El catastro muestra que 447 campamentos están actualmente bajo amenaza de desalojo, y uno de cada tres ha recibido avisos formales o informales de expulsión, lo que afectaría a más de 43.000 familias.
Entre 2022 y 2023, 1.710 familias fueron desalojadas, en la mayoría de los casos sin que existiera una alternativa habitacional adecuada.
Orientaciones a la política pública
- Ajustar los programas de arriendo:
En la actualidad, el arriendo no es una solución habitacional viable para la mayoría de las familias en campamentos, debido a los bajos montos entregados por los programas estatales en relación con los altos precios del mercado.
Se propone ajustar los programas de arriendo a las necesidades económicas de este grupo de la población.
- Diversificar las soluciones:
Esto significa, por ejemplo, crear viviendas variadas, de diferente tamaño, funcionalidad y costo.
- Promover soluciones habitacionales transitorias:
El crecimiento de la población migrante, el aumento sostenido de los hogares unipersonales, el envejecimiento de la población, entre otros aspectos, dan cuenta de que es crucial diversificar la oferta habitacional en función de las necesidades de cada grupo.
Dar continuidad al Plan de Emergencia Habitacional con una respuesta proporcional a la proporción de los campamentos al interior del déficit habitacional.
El próximo Gobierno debería continuar con el Plan de Emergencia Habitacional.
Pero solo podemos hacer frente a esta crisis si incorporamos programas de apoyo a los campamentos de manera más decidida.
Si un 17% del déficit habitacional está compuesto por familias de campamentos, al menos se debería considerar esta proporción al momento de diseñar posibles soluciones.
Repensar el programa de Asentamientos Precarios:
El programa Asentamientos Precarios, enfocado en campamentos, fue diseñado inicialmente para transferir recursos a las municipalidades.
Sin embargo, ante la magnitud del problema, se incorporó la participación de privados.
A raíz del Caso Convenios, esta segunda modalidad fue suspendida, lo que ha provocado la paralización y ralentización de acciones clave, como diagnósticos y obras de mejoramiento, fundamentales para el desarrollo de proyectos habitacionales dirigidos a familias que forman parte del déficit habitacional.
La baja ejecución presupuestaria registrada en 2023 evidencia la necesidad de repensar este programa.
Que además ha enfrentado sucesivas disminuciones en su presupuesto, a pesar del aumento general en los recursos asignados al Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Se deben identificar zonas que incentiven la construcción de vivienda de interés social durante el diseño de los Planes Reguladores Comunales.
Dado que son los que planifican nuestras ciudades.
Para enfrentar la crisis habitacional, es necesario cambiar el enfoque reactivo de la planificación urbana a uno proactivo que anticipe las necesidades futuras de vivienda.
Especialmente atendiendo a grupos vulnerables.
Asimismo, es necesario repensar cómo se puede utilizar de manera más eficiente el suelo urbano ya disponible, promoviendo zonas de resguardo e invertir en proyectos de regeneración urbana y recuperación de espacios vacíos.
