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A propósito de algunas opiniones de autoridades alcaldicias, exministros y figuras políticas, se ha abierto la discusión sobre la selección y el mérito como herramientas para mejorar el rendimiento (los resultados) en los establecimientos escolares, ya que según sus opiniones la actual Ley de Inclusión no lo ha logrado.
Pareciera, por lo leído en estos últimos días, que con mucha facilidad nos tentamos con la idea que la selección y el mérito resuelven el problema de construir un sistema educativo de calidad.
Pues bien, al respecto algunas reflexiones desde una mirada país:
La discusión no debe centrarse en la selección o mérito, ya que solo pensar en esta idea nos enfrenta a una gran derrota como sociedad del siglo XXI. Debemos fortalecer un modelo que asegure la trayectoria y progresión formativa de cada uno de los estudiantes de Chile.
En este sentido, la política pública busca transformar la educación en Chile, demanda contrariamente a lo que se discute, más inclusión, mayor acceso, y mejores aprendizajes para todos los estudiantes, sin distinción. Con ello, debemos colocar en el centro de la discusión la calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje en el aula, pero siempre pensando en todos los estudiantes del país, por lo tanto, la invitación a nuestros actores políticos es a pensar en la mejora continua del sistema escolar (desde la inclusión) como carta de navegación.
Para aquello, se debe insistir en revisar y mejorar el financiamiento del sistema educativo, en la práctica transformar el sistema de subvenciones que reciben las escuelas; estandarizar el modelo de infraestructura para nuestras escuelas, no más diferencias entre una escuela urbana y una rural o una del centro del país o una de regiones. Ajustar con un sentido de realidad las remuneraciones de los profesores; entregar autonomía y capacidades a la gestión escolar de nuestros equipos directivos.
Lo anterior, requiere revisar/cambiar nuestros propios discursos y fortalecer la implementación de los Servicios Locales de Educación pública, hacer propia la idea de una educación pública con trayectorias de aprendizaje reguladas y protegidas donde la discusión se centre en la mejora continua y en el resguardo de los derechos sociales de quienes están en proceso formativo.
Finalmente, coincidir en un Plan Nacional de Educación a corto, mediano y largo plazo, que logre estar por sobre los gobiernos y sus períodos. Que defina responsabilidades del Estado en su gestión, que dé cuenta de sus avances, y que muestre al país, más allá de los interés de la coyuntura, sus logros y limitaciones.
Alejandro Pérez Carvajal
Doctor en Ciencias de la Educación
Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello
