0
0
La Comisión de Salud de la Cámara Alta concluyó la votación en particular. De ser aprobado el articulado en una próxima sesión ordinaria, los diputados y diputadas deberán revisar los cambios realizados.
Respaldando una indicación sustitutiva elaborada por el Ejecutivo, los integrantes de la Comisión de Salud del Senado enviaron a Sala, el proyecto que establece la obligación de las Isapres de informar a la Superintendencia de Salud, el aumento del precio de sus planes.
Los parlamentarios analizaron las indicaciones presentadas al texto iniciado en moción de diputados, tras lo cual optaron por apoyar la decisión del Ministerio de Salud (Minsal) de patrocinar la norma en segundo trámite haciendo pequeños cambios de redacción.
El texto señala que, “en el plazo de 15 días hábiles después de la resolución que determina el Indicador de Costos de la Salud (ICSA), las aseguradoras deberán informar a la citada Superintendencia, su decisión de aumentar o no el valor del precio base de los planes de salud”.
“En caso de aumento, el porcentaje de ese ajuste deberá ir acompañado de una serie de antecedentes. Entre éstos, el porcentaje de la variación anual del gasto por persona beneficiaria; el porcentaje de variación anual de la frecuencia de uso de prestaciones bonificadas por las ISAPRE; el porcentaje de variación anual del costo en Subsidios de Incapacidad Laboral (SIL); el costo, en unidades de fomento, de nuevas prestaciones; y el porcentaje de variación anual del costo operacional”.
“La Isapre que decida aumentar el valor del precio base de sus planes, deberá comunicar de dicha adecuación, en el mismo mes de marzo del año respectivo, a los afiliados que correspondan. La comunicación deberá realizarse por medios electrónicos en base a la última información registrada por la persona afiliada. Ésta deberá contener, a lo menos, la decisión de adecuar los planes de salud, el porcentaje de tal adecuación, los antecedentes que la justifican y la resolución de la Superintendencia que verifica el porcentaje de alza”.
Licitaciones GES y no GES
En la misma sesión, el director de Fonasa, Camilo Cid, detalló la licitación de las prestaciones GES y No GES (consultas de especialidad y cirugías) 2024, las que buscan reducir las listas de espera que se resuelven en la red pública a través de la Modalidad de Atención Institucional (MAI).
Respecto a las garantías de oportunidad retrasadas correspondientes a problemas de salud que cuentan con canasta GES, se sinceró que a la fecha corresponden a 86 mil, de las cuales un 16% son prestaciones oncológicas y un 54% a oftalmológicas (mayoritariamente examen de fondo de ojo). En lo No Ges, existen 2 millones y medio de consultas de especialidad pendientes (mediana de espera de 305 días) y 355 mil cirugías (mediana de espera de 254 días).
La licitación en cuestión comenzó a operar desde el 1 de julio y a partir de ella, se establecieron nuevas reglas para definir la cooperación público privada a través de la derivación a un primer y segundo prestador. “Ahora se da una mayor continuidad al servicio porque la licitación es por tres años, se extiende hasta el 2027. También por primera vez, se incluye como mecanismo de pago los Grupos Relacionados por Diagnóstico (GRD) para las prestaciones GES; y aumenta el número de prestadores para los requerimientos Ges y No Ges”, graficó Cid.
El director de Fonasa aclaró que la derivación a un prestador privado solo se realizaba en el caso de patologías AUGE, pero con esta nueva licitación el criterio incluye todas las prestaciones. A modo de referencia explicó que “se derivaron a un segundo prestador el 2023, 23 mil personas; mientras que en lo que va de este año, van otras 24 mil (…) Las derivaciones con esta nueva licitación comenzaron el 1 de julio y ya se han resuelto 1.200 casos”.
Este cambio de criterio fue valorado por la Comisión, cuyos senadores consultaron a la autoridad por los reclamos de los usuarios por las garantías vencidas de patologías GES, la alta prevalencia de prestaciones de cáncer pendientes, la priorización en la derivación de las listas de espera y la deuda de Fonasa con prestadores privados.
