La liberación de un sicario, por canales oficiales de la justicia, ha generado alerta y preocupación transversal.
El 10 de julio, Osmar Ferrer, imputado por un homicidio por encargo junto a otros dos cómplices, producto del sicariato contra un empresario cometido en Ñuñoa, fue liberado tras haber sido formalizado por la jueza Irene Rodríguez, quien en la audiencia dictó prisión preventiva.
La excarcelación de Ferrer, acusado de acabar con la vida de José Reyes, encendió las alarmas.
Esto, ya que como argumentan desde Familias Contra el Crimen Organizado, “fue liberado a menos de 24 horas después de haber sido formalizado por homicidio, tras la recepción por parte de Gendarmería de una orden de liberación supuestamente oficial. En un inicio, se habló de una posible falsificación, dado que el documento no contenía código de barras ni QR de verificación. Sin embargo, este martes, el Gobierno confirmó algo aún más grave: el documento es auténtico, no hubo hackeo, y la orden provino del Juzgado de Garantía de Santiago a través de los canales regulares”.
“Una prueba de que el sistema judicial está profundamente vulnerado y corrupto. ¿Cómo es posible que alguien formalizado por asesinato quede libre con una orden sin los resguardos mínimos? Exigimos explicaciones urgentes. Porque esto no solo atenta contra la justicia, atenta contra la vida de nuestras familias”, afirmó Karen Osorio, vocera de la agrupación.
Apuntando a que lo ocurrido, refleja un patrón más amplio: el avance del crimen organizado no solo en las calles, sino dentro del propio Estado.
“Esta semana hemos visto cómo se investiga corrupción en las Fuerzas Armadas, incluyendo el hallazgo de drogas en un recinto militar en Colchane, y la detención de funcionarios de la FACH por narcotráfico. Ahora, se suma una decisión judicial inexplicable que pone en libertad a un presunto homicida. Desde nuestra agrupación, compuesta por familias, madres y vecinos que han sido víctimas de la violencia del narco, hacemos un llamado directo: no podemos permitir que el crimen organizado opere con esta impunidad institucional”, apuntó Osorio.
Ante lo expuesto
El ministro de Seguridad Pública Luis Cordero, si bien reconoció que se descartó algún tipo de hackeo y que la situación afecta la confianza en el sistema de justicia, la calificó de “inexplicable”.
La jueza Rodriguez, por su parte, expresó estar tranquila frente a las acusaciones, ya que se trataría de un error ajeno a su voluntad, por lo que entregó su celular al igual que otros funcionarios del tribunal, para que fuera sometido a peritaje, y argumentó que sería “inconsecuente” de su parte, haber ordenado la liberación.
En tanto la diputada Lorena Fries (FA), integrante de la comisión de seguridad, manifestó no ser partidaria de convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).
“Lo que ha ocurrido con el sicario me parece gravísimo porque demuestra a lo menos un grado de laxitud en las instituciones públicas que no se condicen con los riesgos que estamos teniendo de penetración, de corrupción, de crimen organizado y por lo tanto esto se tiene que resolver con la total transparencia, porque además se ponen en jaque instituciones públicas que son centrales para combatir este tipo de flagelo. Yo espero que sean errores lo que da cuenta digamos de que hay que apretar la maquinaria estatal para que gestione mejor y si efectivamente aquí hay otras cuestiones bueno, hay que llegar hasta las últimas consecuencias”, apuntó.
“Respecto de convocar al COSENA, la verdad es que no tiene mucho sentido. La corrupción, el crimen organizado, la economía ilegal, son temas que tienen que ver con seguridad pública y aquí los llamados a intervenir son justamente las instituciones del Ejecutivo como el Ministerio de Seguridad y todo el sistema de justicia, incluido obviamente el Ministerio Público, los tribunales de justicia. Por lo tanto, a mí me parece que el COSENA no tiene mucho sentido, menos aún que sea la Cámara con este nivel de poca credibilidad y de desprestigio quien lo convoque.”
Por otra parte
Desde la UDI, no descartan la posibilidad de acusar constitucionalmente al ministro de Justicia y Derechos Humanos Jaime Gajardo, pese a que ya se emitió una orden de investigación por parte del Ministerio Público y se solicitó a Gendarmería verificar la autenticidad del documento, considerando que este sería legítimo y las acciones tardías.
José Miguel Castro (RN), presidente de la Cámara de Diputados luego de las peticiones de convocar al Cosena dijo: “Valoramos que desde distintos sectores políticos se sumen a la solicitud de convocar al Cosena, dada la gravedad de los últimos acontecimientos conocidos: narcotráfico infiltrado en instituciones del Estado y la liberación de un sicario vinculado al Tren de Aragua. Esperamos que el Gobierno actúe con la urgencia que esta situación requiere y convoque cuanto antes al Consejo de Seguridad Nacional. La ciudadanía espera respuestas claras y medidas concretas frente a una amenaza que ya no es solo delictual, sino también institucional”.
Finalmente, a la espera de respuestas y medidas
Desde Familias Contra el Crimen Organizado acusan: “Es más grave aún que el documento no sea falso: se liberó al acusado del crimen de Reyes Ossa por canales oficiales, ¿Y ahora quién responde? La justicia se está derrumbando desde adentro”.
Además, exigen de manera inmediata:
- Que el Poder Judicial y el Ministerio Público aclaren con total transparencia por qué se dictó esa orden de liberación.
- Que se revisen todos los protocolos de validación de órdenes judiciales, incorporando trazabilidad digital obligatoria.
- Además, que se investigue a fondo si hubo dolo, error humano o corrupción encubierta en este proceso.
- Que se proteja la integridad del proceso penal y de las víctimas.
- Que se implementen de forma urgente las medidas de digitalización del Estado previstas en la ley.
