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En el complejo tema de los migrantes actuales en nuestro país, una de las situaciones que poco se ha analizado, es la situación de sus hijos e hijas que, en la gran mayoría de los casos, han nacido en Chile. Legalmente tienen la nacionalidad por estar adscrito el país al ius solis (o Derecho del suelo) en la Constitución Política de la República.
De esta manera, adquieren una serie de beneficios vinculados a la salud y la educación. La madre, por ejemplo, puede solicitar control de su embarazo, atención de parto y el bebé se integra al Programa Chile Crece Contigo. Posteriormente, participan de los controles de atención al Niño Sano y postular a un jardín infantil de la red pública de JUNJI o Integra, continuando su educación en algún establecimiento de educación de este sector.
La migración en Chile en este último período y el nacimiento de los “nuevos” chilenos, ha ido favoreciendo el aumento de la población infantil, necesaria en los próximos años para el equilibrio poblacional, lo que es relevante en un país como el nuestro, cuya tasa de envejecimiento, aumenta progresivamente.
En otros aspectos, ha permitido que jardines infantiles y escuelas se enriquezcan con otras diversidades de lenguas, colores, saberes y haceres, en fin, todo lo que entregan las personas de diversas culturas, lo que es fundamental en un mundo de fronteras bajas y de muchas “diásporas” y migraciones por causas distintas.
Entre los migrantes que han llegado en los últimos 20 años, los afrodescendientes provenientes en especial de Haití, República Dominicana, Cuba y otros países caribeños, además de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, y también algunos de África, han ido teniendo sus hijos principalmente en tierra chilena y son por tanto, chilenos.
En cuanto a su situación actual, el sector de salud los ha atendido a todos ampliamente. Sin embargo, en la macrozona norte donde se concentra la mayor cantidad de partos de migrantes, (Antofagasta con un 53,18% y Tarapacá con un 52,92%), están teniendo problemas.
En el sector escolar, estos “nuevos” chilenos no tienen mayores problemas con sus compañeros y educadores; a veces si, el racismo arraigado en muchos compatriotas, hace que a ciertos padres no les agrade que sus hijos compartan con niños y niñas afrodescendientes.
El problema mayor es que tienen otras limitaciones; paradojalmente la única ley que reconoce los afrodescendientes en Chile (N°21.151), señala que lo son aquellos: “descendientes de la trata trasatlántica de esclavos africanos traídos al actual territorio nacional entre los siglos XVI y XIX y que se autoidentifique como tal” (artículo 2do). Esta situación excluye a padres e hijos de una serie de beneficios e incluso de participación en temas que les competen, como son las próximas consultas que se van a hacer al sector para reglamentar leyes que van a abarcar diversas áreas que los incumbe.
Urge entonces que se actualice esta ley; afrodescendientes chilenos que nacieron en Chile hace más de 18 años, son ya ciudadanos. Al igual que otros migrantes, tienen derecho de participación por ellos y sus hijos. Su exclusión en el proyecto de Constitución anterior lo muestra; al parecer no hemos avanzado mucho en nuestras actitudes ciudadanas y de apertura a la diferencia.
María Victoria Peralta
Doctora, académica U. Central y Premio Nacional de Educación
