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He escuchado y leído gente hablar y escribir respecto de la Fiscalía, muchos desde sus propias experiencias, anhelos, decepciones y expectativas. Otros, desde análisis reflexivos en sus escritorios y avezados estudios en frío, con estadísticas y argumentos sólidos basados en una mirada desde una observación empírica a la distancia de quien no es operador del sistema.
En efecto, hay profesionales que han dedicado su vida a estudiar, analizar y enseñar -en las aulas de prestigiosas universidades- el sistema penal, sin jamás haber pisado un estrado, efectuado un contrainterrogatorio real, haber realizado un alegato de clausura o llevado a puerto alguna investigación.
De ellos, hay como en la vida, de calidad diversa y aunque es válida esa ruta de investigación académica- me parece que hay algunos docentes y profesoras del ámbito del derecho procesal penal, que logran argumentar más razonablemente sus posturas e ideas y otros, se quedan en lugares comunes. Lo malo es que algunos de esos, son maestros que formarán a futuros litigantes y jueces de nuestro sistema penal y sus alumnos no poseen otras visiones.
Dable es recoger tal realidad y dicha mirada legítima empero parte del cuarto menguante de la luna. Hay otros profesionales que, habiendo sido litigantes, luego abrazan la abogacía práctica y junto con la docencia, van diseñando sus posturas y opiniones; algunos lo hacen -obvio de buena fe- para una galería deseosa de escuchar o leer, críticas y postulados del todo examinadores sin propuesta aditiva, en ello, los llamados matinales no solo han lucrado sin escrúpulos respecto del sistema y a la comunidad solo se le ha entregado la morbosidad de lo que vende, cero espacio a la ilustración educativa.
En definitiva, el público no conoce ni la estructura ni los fines del Ministerio Público. Entregar una crítica vacía a una masa que desconoce las bases del sistema penal acusatorio y que ignora además las aberraciones del sistema inquisitivo que antes regía, es algo fácilmente comprobable.
Dable es recordar a quien hizo exclamar -ante la atónita mirada de nuestras más altas autoridades del sector justicia de la época- un jurista que nos visitó al inicio de la reforma al sistema penal y al conocer varios juzgados del crimen, quien, con algo de ironía y sinceridad, declamó: “Gracias, por permitirme conocer un modelo penal, que en nuestro país operaba hace siglos”.
En ese marco, en lo personal haber conocido ambos sistemas y estar vinculado a la academia desde hace más de dos décadas y algo más de tres lustros al vigente sistema penal, unos tres años a la labor de defensa penal y quince dedicados -en cuerpo y alma- a la Fiscalía, habiendo salido en silencio y con temple optimista, por la puerta ancha con algo de nostalgia pero en paz al comprobar -parafraseando al poeta Amado Nervo, que “a la fiscalía nada le debo y aquella tampoco algo me adeuda, ergo, estamos en paz”; jamás hasta este minuto he declamado algún análisis -menos alguna crítica destemplada- sobre esta querida institución y ello no significa que no las tenga, creo las dije cuando y donde era correspondiente hacerlo, por respeto a mis colegas, jamás he querido zaherir la imagen de una institución que me albergó durante tantos años.
Tal situación profesional me permite presentar una serena reflexión respecto de los desafíos que se avecinan para la Fiscalía, partiendo de algunos supuestos básicos que deberían ser analizados como un tópico aparte, a saber: Que el delito es consustancial a toda comunidad; que estamos en presencia de un cambio gigantesco y cualitativo respecto de la presentación de la criminalidad en nuestra sociedad y lo que no es menor, que la comunidad chilena ha cambiado en muchos sentidos desde la instauración del sistema penal acusatorio en Chile.
Existe un rotundo fracaso -sistémico- en la implementación del sistema penal juvenil, que hay un nudo crítico tanto en los temas de control de medidas cautelares, de las salidas alternativas y los cumplimientos de sanciones en libertad y por lo mismo, muchos de los académicos que solo conocen o estudian el fenómeno del proceso a través de cifras, pueden seguramente -salvo honrosas excepciones- estar validando sus enseñanzas en falsos rútulos o fraudes de etiqueta, al repetir información que no se sustenta en la realidad.
Finalmente, en este tópico, creo que estamos al debe en fortalecer la oralidad, siendo un principio del sistema penal acusatorio y por ende menos pruebas escritas y más casos prácticos deben ser parte de las herramientas de selección; la vinculación constante con la formación policial y la cercanía de la fiscalía para con estos, debiera ser una meta continua, basada en la cercanía, la probidad, la lealtad y el trabajo conjunto (En esto, desde donde estemos seguiremos aportando, como hasta ahora).
Dicho lo anterior, dable es recordar que, entre las misiones esenciales del Ministerio Público, están diseñar e implementar una política criminal a nivel nacional, investigar y sustentar las imputaciones que han de presentarse ante las autoridades jurisdiccionales y cautelar los derechos de víctimas y testigos.
Todo ello, en el marco de efectuar su labor de clarificar la ocurrencia de un ilícito, con insumos procesales que pasen el cedazo de la defensa penal legítima y la justicia que garantiza los derechos de todos los intervinientes y actuando el ente persecutor con representantes que “amantes del derecho y la vocación de servicio” logren sus fines, sin sobrepasar los principios sistémicos de la objetividad, la oralidad, la inmediatez y la contradictoriedad.
Todo ello, envuelto en el gran principio de la probidad en sus actuaciones. La misión y visión, es dable colegirla de sus propias definiciones, estos es, insertas en la pagina web de la institución al declamar, como Misión: “Somos la institución pública y autónoma que dirige exclusiva y objetivamente las investigaciones penales; ejercemos la acción penal pública proponiendo la mejor solución al conflicto penal, dentro del marco legal establecido, teniendo presente los intereses de las víctimas y de la sociedad, protegiendo a las primeras como asimismo a los testigos de delitos.” Y tener como Visión o meta: “Ser una institución confiable, integrada por personas con vocación de servicio público, reconocida por la sociedad por su eficacia en la persecución penal, que involucra a víctimas y testigos en todo el proceso penal y se consolida como un actor relevante dentro del sistema de justicia”.
Entonces, frente a la elección de la jefatura del Ministerio Público, la gran pregunta que el Presidente, La Excma. Corte Suprema y el Senado, seguramente, han de realizar, es: ¿podemos seguir con esta misma estructura del Ministerio Público o requerimos cirugía mayor? y hay que repensar en una Fiscalía para los nuevos tiempos, que tenga la innovación como norte, que premie el esfuerzo de las nuevas ideas, que homologue los planes de su Academia a la judicial, que ello permita incorporando -como alguna vez se lo presentamos a un Ministro de Justicia- evitar la fuga de Fiscales al ámbito privado, logre aprovechar a través de la rotación de los actores, que exista un estímulo permanente en ser mejores, que todos sepan los roles del sistema y en ese instante, el producto y la respuesta del Estado -sin pérdida de conocimientos ni recursos para el país- implique una mejor justicia para Chile, en fin, hay muchas áreas en las que se puede y debe mejorar, para ello se requiere un cambio de paradigma, no necesitamos tener un fiscal que su gran acierto es llevar décadas sentado en la Fiscalía, requerimos de personas dispuestas al cambio a entregar lo mejor de sí para el país, a demostrar con hechos que pueden asumir diversos roles y desafíos, que la seguridad de la silla no es el sino de su labor; lo es la búsqueda de mejores retos y frente a esos, han demostrado tener el temple, el intelecto y el carácter de soportar hasta donde es posible, con la mirada puesta en la tarea por cumplir, lo que la Fiscalía necesita es un o una líder que sea capaz de proponer un cambio de paradigma y no más de lo mismo.
Ernesto Vásquez. Abogado. Licenciado, Magíster y Profesor Universidad de Chile. Máster y doctorando. Universidad de Alcalá.
