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Se estableció prohibir la reubicación de personas en la zona afectada por el incendio, se evaluarán cinco terrenos para posible traslado de la Toma Dignidad y se hará un catastro a 147 familias ubicadas en la zona considerada como de exclusión por riesgo aluvional.
“No estamos dispuestos a que el día de mañana haya 10, 20 o 30 muertos y la gente se pregunte ¿en cuatro años por qué no se hizo nada? Al gobierno se le acabó tiempo. Basta de palabras, ha llegado el minuto de que, con decisiones concretas, esta situación termine”, sentenció Carter.
La Municipalidad de La Florida y la Delegación Presidencial RM acordaron un paquete preliminar de medidas para dar respuestas a las familias de la Toma Dignidad, emplazamiento ilegal instalado en la comuna desde 2020 y que se encuentra con un decreto de inhabitabilidad por riesgo aluvional desde marzo desde este año.
Las próximas acciones fueron acordadas por el alcalde Rodolfo Carter, quien recibió en el municipio al delegado presidencial Gonzalo Durán, con quien se reunió por casi dos horas para abordar la situación luego de un incendio que afectó a la toma este martes, destruyendo una cincuentena de casas. Producto de este siniestro, 26 familias -un total de 78 personas- resultaron damnificadas, a quienes se les ofreció albergue instalado en el Polideportivo de La Florida.
Los acuerdos adoptados fueron los siguientes:
- La zona que resultó quemada en el incendio de este martes 12 de noviembre tendrá prohibición para nuevas instalaciones de viviendas precarias para que habiten personas. En caso de insistencia serán desalojados por Carabineros.
- De aquí al viernes 15 de noviembre, la Delegación Presidencial explorará y propondrá cinco terrenos para el traslado de 147 familias más expuestas.
- El delegado presidencial visitará un terreno del MOP ubicado en calle Rupanco y otro terreno de calle Valentina Lepe para analizar su viabilidad como posible terreno de ubicación transitoria.
- Se realizará un cruce del catastro de las 147 familias que habitan la etapa 1 (determinada por Delegación Presidencial) con las familias afectadas por el incendio, a fin de propender el traslado provisorio.
“Tuvo que ocurrir el sexto incendio, el más grave, con 50 casas quemadas, para que apareciera la autoridad del Gobierno diciendo que quería instalar una nueva mesa de trabajo. ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Tienen que morir 200 personas para que ahí pase algo?”, dijo Carter.
Añadió que “en nuevo acto de buena fe” se accedió a los compromisos hechos con el delegado presidencial. “Después de cuatro años en que lo venimos diciendo, después de cuatro meses que se comprometieron a que iba a haber una solución, esperamos que de aquí al viernes puedan cumplir el compromiso de decirnos a dónde se pueden trasladar estas personas”, señaló el jefe comunal.
“Hemos puesto toda nuestra disposición, pero el tiempo se acabó. No estamos dispuestos a que el día de mañana haya 10, 20 o 30 muertos y la gente se pregunte ¿en cuatro años por qué no se hizo nada? Al Gobierno se le acabó tiempo. Basta de palabras, ha llegado el minuto de que, con decisiones concretas, esta situación termine”, sentenció Carter.
La Toma Dignidad se instaló ilegalmente luego que vecinos de Peñalolén ocuparan un sector aledaño a la Quebrada de Macul, el mismo que fue arrasado por el grana aluvión de 1993. Se trata de más de 750 familias según los diversos catastros.
En marzo de este año, la municipalidad decretó la inhabitabilidad por riesgo de aluvión y solicitó la intervención de la fuerza pública para evitar tragedias asociadas al clima o incendios. No obstante, pese a diversas conversaciones, este desalojo no se concretó hasta la fecha.
