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La familia, asesorada por profesionales de la plataforma Change.org, con quienes han reunido casi 120 mil firmas de apoyo, han socializado el texto con autoridades y miembros de la comunidad civil para dar a conocer los alcances de la propuesta. Esperan que durante septiembre se comience a debatir la iniciativa.
A menos de una semana de conmemorarse el primer año, luego del fallecimiento de la pequeña de 5 meses, Jacinta González Schnitzer, en el trágico accidente de tránsito en la comuna de Lo Barnechea, en mayo pasado la familia comenzó a impulsar un proyecto de ley -con el apoyo de la diputada Erika Olivera- que busca modificar los requisitos para obtener o renovar la licencia de conducir en adultos mayores y entregar un apoyo real e integral a las víctimas.
La iniciativa, que se encuentra en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, ha sido empujada desde un inicio por el abuelo de Jacinta, Max Schnitzer; la abogada Liza Lucero; el constitucionalista Arturo Fermandois y profesionales de la plataforma internacional Change.org, logrando casi 120 mil firmas de apoyo, quienes estos últimos meses tomaron el camino del trabajo prelegislativo, reuniéndose con autoridades y miembros de la comunidad civil para mostrar la conveniencia de aprobar esta propuesta.
El primer encuentro fue con la presidenta de la Fundación Emilia, Carolina Figueroa, luego con el gerente de Movilidad de Automóvil Club de Chile, Alberto Escobar, y posteriormente con la secretaria ejecutiva de Conaset, Karina Muñoz, quienes destacaron los encuentros y se mostraron a favor de apoyar el proyecto de ley.
Ronda parlamentaria
En paralelo a los encuentros con las organizaciones civiles, los impulsores de la Ley Jacinta iniciaron una ronda de audiencias con los integrantes de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara con el objetivo de dar a conocer el texto legal y las sugerencias que han hecho al proyecto las distintas organizaciones civiles con quienes se han reunido, con miras a la discusión en particular.
En Valparaíso, en julio pasado, la familia se reunió con el presidente de dicha instancia, el diputado Cosme Mellado, más los diputados Juan Irarrázaval y Mauricio Ojeda (quien es patrocinante), donde se mostraron a favor de debatir, colocar el proyecto en tabla y legislar un tema tan relevante como el expuesto. Los parlamentarios, en tanto, hicieron ver los puntos críticos de la iniciativa y cómo mejorarla.
“Estos encuentros -precisa Max Schnitzer- nos han permitido, tanto con la Fundación Emilia, con Automóvil Club, con Conaset y con los diputados, de que debemos ampliar la mirada que tenemos respecto de los cambios que necesita la actual normativa para obtener la licencia de conducir. Por eso nos han sugerido que el certificado médico sea aplicable a todos desde los 18 años en adelante e incrementar las exigencias desde los 65 años como lo tienen en sus legislaciones gran parte de los países de la OCDE”.
Liza Lucero también añade: “El proyecto desde su origen, ha planteado dos visiones. Por un lado, la prevención, el resguardo de las personas respecto de los conductores inseguros, con nuevas exigencias para obtener estos documentos; y, por otro, cuando ya sucedió el hecho, que el Estado, las aseguradoras e instituciones de salud puedan empatizar con las víctimas y puedan ayudar de forma integral a los afectados”.
Estos últimos días, los impulsores de la Ley han sumado nuevos encuentros con los diputados Jaime Sáez, Jaime Mulet y Félix Bugueño, miembros de la instancia que revisará el texto en septiembre, quienes expresaron estar dispuestos a escuchar a los impulsores, modernizar la actual normativa y avanzar en nuevos requisitos.
Nuevas propuestas
Tanto Schnitzer como Lucero, luego de los encuentros, tomaron la decisión de trabajar en las sugerencias efectuadas al proyecto de Ley Jacinta. Además de aumentar los requisitos para obtener la licencia de conducir, las indicaciones apuntan a un apoyo integral a los afectados.
“Una de las propuestas que presentamos busca establecer un fuero laboral por el lapso de un año para el caso de siniestros de tránsito con resultado de lesiones graves o muerte. Y esta protección se extenderá a dos años, para el caso que el lesionado o fallecido fuera un menor de edad”, argumenta Lucero.
“Otras de las medidas -indica Schnitzer- apunta a que las instituciones de salud, públicas y privadas, deban dar cuenta del siniestro cuando existan personas lesionadas o fallecidas, al seguro de los vehículos participantes para su activación automáticamente, dentro del plazo máximo de 10 días hábiles de ocurrido el hecho”.
Respecto de las nuevas exigencias para la obtención de la licencia de conducir, se ha planteado solicitar un certificado médico de aptitud para la conducción de vehículos motorizados.
En lo que se refiere a los adultos mayores en particular, se propone que a partir de los 65 hasta los 69 años el documento sea renovado por cuatro años; desde los 70 a los 79 años por tres y desde los 80 años por uno solo.
En este sentido, Fundación Emilia informó que en el 2022, del total de accidentes de tránsito ocurridos en ese período (86.050), el 2,6% tuvo participación de adultos mayores (2.279). Sin embargo, del total de muertes por siniestros de tránsito en el mismo año (1.745), el 9,2% se produjo por hechos donde participaron adultos mayores.
Es decir, señala Schnitzer, “si bien la participación de adultos mayores en el total de los accidentes de tránsito es menor, si se considera el total de fallecimientos por estos siniestros, la participación de adultos mayores aumenta en un 350% .
“Lo importante es causar conciencia social tanto con los mismos conductores como también en las familias, en los amigos de los adultos mayores, para que cuando veamos una persona que está en un tratamiento importante y no tienen las condiciones seguras de conducción, le digan ‘no puedes manejar, pásala las llaves”, señaló Schnitzer.
Durante la próxima semana, la familia se reunirá con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, para solicitar que el Gobierno le ponga urgencia al proyecto de ley. 
