El Acuerdo público-privado entre CODELCO y SQM para explotar litio en el Salar de Atacama plantea una producción de 280-300 mil toneladas de Carbonato de Litio Equivalente (LCE) anuales para el período 2031-2060, además de un aumento inicial de 300.000 t LCE acumuladas entre 2025-2030.
Pero mientras estos objetivos son explícitos, el acuerdo omite los supuestos técnicos y económicos fundamentales: CAPEX completo, costos operacionales (OPEX), cronogramas detallados de producción anual, supuestos fiscales y reglas de distribución de flujos de caja con todos sus ajustes contables.
Estos datos esenciales se encuentran reservados en anexos, “Cartas Complementarias” y secciones de confidencialidad, tal como lo establece el propio contrato.
Paralelamente, datos públicos de Cochilco muestran que el precio promedio del carbonato de litio se había reducido a US$9.314/t en 2025, desde unos US$12.553/t en 2024, lo que implica una caída de 26 %.
Otros informes de Cochilco sitúan el precio FOB Sudamérica del carbonato de litio grado batería en torno a US$9.600/t y CIF Asia en US$9.700/t, con tendencia bajista dada la sobreoferta global y menor demanda esperada.
Dado ese contexto, queda clara una hipótesis crítica: no es posible para observadores externos verificar si el Estado ganará más de lo que invertirá o soportará como riesgo, porque faltan los datos numéricos para calcular indicadores financieros básicos.
Que los “expertos” defiendan el acuerdo sin dichos datos convierte sus argumentos en conjeturas, no en análisis verificables.
Además, la falta de transparencia en estos parámetros técnicos reduce la capacidad de atraer competencia real.
Por ejemplo, consorcios chinos, con experiencia en litio y financiamiento, podrían haber participado si se hubieran abierto licitaciones con base a criterios públicos, generando presión para mejores condiciones y transferencia tecnológica.
Chile podría haber logrado una asociación más favorable si los acuerdos se hubieran formulado sobre parámetros públicos.
Sin datos clave abiertos, la defensa académica o mediática del acuerdo se convierte en un acto de fe, no de economía, minería y política pública.
Manuel Reyes
UNAB
