La nueva Ley de Seguridad Privada impone desafíos a las empresas de seguridad y aún queda mucho por hacer.
Ya es un hecho.
La Ley sobre Seguridad Privada comenzará a regir en noviembre, tras la publicación del último de sus reglamentos en el Diario Oficial.
El extenso y profundo debate sobre este cuerpo legal enriqueció una ley imperativa para nuestra sociedad y permitió enfocar los objetivos, más allá de la cada vez más urgente necesidad de mejorar los indicadores de seguridad en Chile.
Así, la Ley 21.659 no sólo apunta a la profesionalización y regulación del sector, sino que reconoce expresamente a la industria como un actor clave para lograr los objetivos de la normativa.
Esto hace que la Ley de Seguridad Privada sea un nuevo desafío para las empresas especializadas, pues reconoce y regula la labor de los guardias y vigilantes privados; avanza en la profesionalidad del sector, mejora la coordinación con las policías e incorpora tecnologías avanzadas.
Como toda ley, y en una sociedad azotada por el flagelo de la delincuencia, debemos seguir perfeccionándola, con medidas que obliguen a las empresas de seguridad privada y a aquellas que las contratan a un piso mínimo de condiciones mejoradas, tanto en las exigencias de capacitación y formación como en la legislación cada vez más efectiva para una protección de los agentes.
La seguridad de nuestro país no sólo es una preocupación, sino que es una tarea transversal.
Por eso, todos los involucrados debemos responder con la mejor disposición para fortalecer la coordinación público-privada que nos permita prevenir delitos y combatir la delincuencia.
Andrés Muñoz Álvarez
