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Este 2023, la Comisión de Seguridad Pública del Senado retomó el análisis del proyecto con nuevas exposiciones de distintos actores.
De forma telemática, la presidenta del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, Carola Quezada, participó de la sesión de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, quien este año retomó la discusión del proyecto de ley de Seguridad Privada.
La iniciativa, presentada en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet el 2009, busca renovar la actual normativa de una industria con pocas atribuciones y con un marco legal limitado, que imposibilita enfrentar de mejor manera el flagelo de la delincuencia.
En su exposición, la jueza Carola Quezada destacó la propuesta precisando que “supera las deficiencias de la normativa vigente, primero en lo procesal, legitimando como denunciante a la autoridad fiscalizadora y considerando que en el modelo actual se requiere que la autoridad política efectúe la denuncia, lo que hace más engorroso o dilata el objetivo de la actividad fiscalizadora”.
“En este sentido -señaló Quezada- creemos de vital importancia considerar los patrullajes mixtos aprovechando la capacidad de seguridad municipal, a fin de no recargar la fiscalización en Carabineros de Chile”.
En la misma línea, la presidenta del INJPL argumentó que en el proyecto es “beneficioso que se tipifiquen adecuadamente las conductas infraccionales y se haga una asignación ordenada o correcta de las sanciones para cada tipo contravencional”.
Asimismo, Quezada sostuvo que “nos parece adecuado que las multas sean en unidades tributarias y no en ingresos mínimos mensuales como es actualmente. Además, atendido el alto valor, se sugiere que se contemple un beneficio como el existente en el artículo 8 del Decreto Ley 3.607 en virtud del cual -si el denunciado durante el transcurso del proceso acredita haber dado cumplimiento al hecho cuya omisión constituye la infracción que motivó la denuncia- se faculte al juez para dictar sentencia absolutoria”, manifestó.
Por lo mismo, la magistrada del 2° JPL de Coquimbo apuntó como “necesario” que en la discusión legislativa “se aclare si la multa debe ser a beneficio fiscal o municipal”.
Finalmente, Quezada enfatizó que “desde lo gremial, no podemos dejar de hacer notar que se trata de una nueva asignación de competencias, que, otra vez no considera nuestra precariedad institucional, la falta de recursos, la persistencia de tramitación en papel, la falta de capacitación homologada y, en general, todas las deficiencias que provienen de nuestra falta de modernización, lo que subsiste hasta la fecha”, concluyó.
