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Previo a la aprobación en general en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, la presidenta del principal gremio de jueces y secretarios abogados del país puntualizó que “el Sernac no tiene el despliegue territorial con el cual sí cuentan los JPL, constituyendo una verdadera fortaleza que debe ser aprovechada”.
Destacando el “despliegue territorial” de los Juzgados de Policía Local en el país que en casi tres décadas han “venido diariamente otorgando amparo a estos derechos y construyendo en la práctica las instituciones y herramientas jurídico-procesales que permiten la existencia de una protección legal de los consumidores en Chile”, la presidenta del INJPL, Carola Quezada, expuso en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, en el marco de la discusión sobre el proyecto de ley que fortalece el Sernac.
En su presentación, Quezada enfatizó que “los consumidores quedarán en una posición muy desventajosa en el ejercicio de sus derechos, dado que el proyecto coloca el énfasis en las multas a los proveedores y no en la solución del conflicto. Enfocar la protección de los consumidores en una mayor sanción, a través de un procedimiento administrativo, en la práctica se transformará en un mayor incentivo para que los proveedores eviten la sanción, alargando el procedimiento administrativo lo más posible, incluyendo su reclamación ante los Juzgados de Policía Local”.
De esta forma, Quezada añadió que “los jueces y secretarios abogados de policía local deberán avocarse a revisar procedimientos administrativos, que son bastantes engorrosos, para determinar la procedencia de la sanción (multa), y solo luego de ello, si el consumidor aún tiene el tiempo y la paciencia suficiente, entrarán a conocer de una demanda de indemnización de perjuicios”.
Multas
Otro de los aspectos mencionados por la presidenta del INJPL en su presentación tuvo relación con las multas a los proveedores, precisando que “no se vislumbra una verdadera solución de los conflictos de consumo. El proceso de peregrinaje del consumidor, esperando una solución, se alargará esperando que un servicio público resuelva lo infraccional para recién poder ver lo que le interesa que es solucionar su conflicto y eventualmente ser indemnizado”.
Quezada también agregó que “el Sernac no tiene el despliegue territorial con el cual sí cuentan los JPL, los que están presentes en casi todas las comunas del país, lo que constituye una verdadera fortaleza que debe ser aprovechada. Por lo que creemos que el proyecto, desde este punto de vista territorial, obstaculiza el acceso a la Justicia o en el mejor de los casos implica una gran inversión de recursos para dotarlo (en cuanto a número de funcionarios y competencia de los mismos) e implementarlo a lo largo de nuestro país”.
“Creemos que una política más eficiente de protección de los consumidores debiera ser pensada fortaleciendo a los Juzgados de Policía Local”, puntualizó.
“Las acciones colectivas -que son un gran avance en nuestro país- quedarían en una situación compleja respecto de quién sería el ente que las apoye y si se mantuvieran el mismo Servicio, se afectaría gravemente la imparcialidad del mismo respecto de las otras causas en que sanciona a los mismos proveedores”, sostuvo Quezada.
Fin a la doble dependencia
Al cierre de su presentación, la presidenta del INJPL reiteró la relevancia de avanzar en el mejoramiento de la justicia local a través de su modernización, estableciendo un sistema de tramitación electrónica, que haga más accesible y rápida la actual justicia, como también fortalecer los JPL, poniendo fin a la doble dependencia y estableciendo una red asistencial de justicia con estos juzgados.
Finalmente, desde el Instituto Nacional de Jueces y Secretarios Abogados de Policía Local propusieron crear la figura de la Defensoría del Consumidor, que “sin duda requiere de recursos, pero responde a la realidad que implica que el desequilibrio contractual que justifica la existencia de un derecho de protección de los consumidores se reproduzca además procesalmente, con la errada disposición que permite a los consumidores enfrentar judicialmente -sin patrocinio de abogado- a un proveedor profesional que siempre concurre patrocinado ante el Juzgado de Policía Local”, concluyó.
Cabe recordar que en votación dividida, la Comisión de Economía de la Cámara Baja aprobó en general el proyecto de ley, que se seguirá analizando en marzo, luego del receso legislativo.
