“Nos sentimos sitiados. Esa es la palabra”. Con esa frase, Juana Aranda, presidenta de la Junta de Vecinos Guillermo Mann y Rosita Renard e integrante del COSOC, describió la situación que viven los barrios aledaños al Estadio Nacional.
El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, ingresó un segundo recurso de protección, esta vez junto a vecinos y organizaciones territoriales, con el objetivo de resguardar el derecho constitucional al libre tránsito, la propiedad y la vida en paz de quienes habitan en el entorno del Estadio Nacional, frente a los reiterados cierres de calles y externalidades provocadas por eventos masivos.
El jefe comunal explicó que la acción judicial responde a una situación que se ha vuelto insostenible para los barrios aledaños al recinto. “Estamos indignados y muy molestos. El Estadio Nacional pasó de ser un atributo para Ñuñoa a un lugar lleno de abusos. En los últimos 60 días se han realizado casi nueve eventos con más de 50 mil personas, cuadruplicando el nivel de espectáculos y haciendo imposible que los vecinos puedan vivir tranquilos”, señaló.
En este sentido, Sichel enfatizó que el recurso no apunta a un evento puntual, sino a la forma en que se están desarrollando los espectáculos en el recinto. “Lo que buscamos es que nunca más se cierren las calles, que nunca más se vulneren los derechos de los vecinos, y que ninguna empresa privada ni autoridad decida arbitrariamente quién puede entrar o salir de su propia casa”, sostuvo.
El alcalde agregó que el municipio ha insistido reiteradamente en soluciones administrativas y de coordinación, sin resultados. “El Estado central, que es dueño del estadio, no nos escucha. Nuestra opinión como municipio se desecha. Por eso recurrimos a la justicia, para que se haga cumplir la Constitución y la ley”, afirmó.
La acción legal cuenta con el respaldo de vecinos directamente afectados por los eventos, quienes han denunciado restricciones de movilidad, desvíos de transporte público, ruidos hasta la madrugada, fuegos artificiales, comercio ilegal y problemas de seguridad.
José Díaz, vecino del sector, relató que “tenemos muchos deberes y nada de derechos. Pagamos contribuciones millonarias y, cuando hay recitales, tenemos que encerrarnos en nuestras casas durante días. Esto es un abuso tremendo”.
Por su parte, Juana Aranda, presidenta de la Junta de Vecinos Guillermo Mann y Rosita Renard e integrante del COSOC, fue enfática al describir la situación que viven los barrios aledaños al estadio. “Nos sentimos sitiados. Esa es la palabra. No podemos salir de nuestras casas, tenemos que pelear para entrar a nuestro propio domicilio y los cierres se mantienen por días. Nos encierran”, afirmó.
Aranda agregó que “la capacidad del estadio no ha cambiado, pero hoy se cierran calles como nunca antes. Se prometió un gran parque y espacios abiertos para Ñuñoa, pero la realidad es que estamos afuera y todo está cerrado”.
Desde el municipio recalcaron que no se oponen a la realización de eventos, pero exigieron regulación, planificación y responsabilidad, así como que toda la gestión de seguridad y operación se realice al interior del recinto, sin trasladar los costos a los vecinos y a la municipalidad.
“La justicia tiene que poner límites. No se puede seguir usando los barrios como anillo de seguridad ni tratar a los vecinos como rehenes en sus propias casas”, concluyó el alcalde Sichel.
