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En medio de la grave crisis que atraviesa la salud pública, “nos enfrentamos a anuncios de recortes presupuestarios y miles de despidos en todo el país”, dice declaración pública de gremios de Trabajadores de la Salud.
“Estos despidos no solo carecen de reconocimiento hacia el arduo trabajo que han realizado para combatir la pandemia, sino que también ignoran el alivio que supone su permanencia en un sistema que carece de suficiente personal”, añaden.
A pesar de las constantes insistencias del mundo laboral respecto a esta realidad, la propuesta presupuestaria per cápita destinada a la Atención Primaria de Salud (APS) no refleja ninguna voluntad de salir de la precariedad en la que se encuentra el sector.
Además –dicen- se enfrentan a contratos laborales precarios, incumplimientos constantes de las normativas que protegen el empleo, una ley de Isapres que favorece únicamente a los dueños de estos seguros y la expulsión de los Trabajadores y Trabajadoras Sociales del sector salud.
Asimismo, se ha detenido la actualización del Código Sanitario, la privatización y externalización continúan sin control y no se avanza en la garantía de empleo decente. “Esta situación refleja la intención histórica de seguir debilitando el sistema público de salud por parte del Estado”, argumentan.
“Ante esta realidad, decimos ¡basta! Hemos conformado una Mesa de Emergencia de Salud, en la que participan las y los actores del sector, como los gremios, sindicatos y colegios profesionales, trabajadoras y de trabajadores de la salud, junto con la sociedad civil. El propósito de esta mesa es coordinar y establecer una agenda de trabajo que respalde no solo nuestras propias demandas, sino también el fortalecimiento de un sistema de salud pública que reconozca efectivamente la salud como un derecho humano básico, siendo responsabilidad fundamental del Estado garantizar este derecho”, sostienen.
Por otro lado, hacen un llamado a toda la ciudadanía para respaldar las movilizaciones de la Confederación de Funcionarios de Atención Primaria (CONFUSAM), no asistiendo a los días de manifestación, y al resto del sector a llevar a cabo acciones concretas de apoyo en sus lugares de trabajo.
“Exigimos al Gobierno que cese de inmediato los más de 6000 despidos, que se incluyan en el proyecto de ley de reajuste para el 2024 los recursos necesarios y se trasladen a contrata, y que se envíe cuanto antes un proyecto de ley que amplíe las dotaciones del sector, lo que implica un aumento presupuestario para mantener el valioso recurso humano y reconocer la existencia de esta lamentable brecha”, plantean.
Instan también a los legisladores a no aprobar el presupuesto para el 2024 y a no legislar en temas de salud hasta que se anulen las amenazas de despido, tanto en el presente como en diciembre. Esta mesa de emergencia establecerá una agenda de trabajo cuyo único objetivo es fortalecer la Salud Pública Estatal, implementando todas las acciones necesarias.
“Queremos comunicarle a la opinión pública y en especial al Gobierno, que hemos conformado la mesa de emergencia de salud”, dice Andrea Rastello, presidenta del Colegio de Enfermeras de Chile.
Y añadió: “Como Colegio de Enfermeras, junto a otros Colegios de Salud, los gremios de salud y la sociedad civil, hemos declarado, que queremos defender la salud pública y decir que acá no sobra nadie. Lo que faltan son los recursos y las voluntades políticas por parte del Gobierno”.
