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El Gobernador de Santiago, Claudio Orrego, en alianza con la Fiscalía Centro Norte, y la ejecución de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Talca, anunciaron el lanzamiento de un innovador programa piloto de mediación penal.
Este proyecto tiene como objetivo abordar los delitos de menor gravedad, que a menudo quedan sin resolver por el sistema de justicia penal tradicional. Permitiendo a las partes involucradas llegar a acuerdos que contribuyan a reparar los daños de manera directa y oportuna.
Según la Fiscalía Centro Norte solo un 37% de las denuncias de casos de delitos menores son acogidas, por lo que fomentar prácticas restaurativas para la resolución de conflictos penales entre adultos, como es la mediación, que permitan impulsar salidas no punitivas de calidad, promoviendo de este modo, la restauración de las víctimas e imputados, es fundamental para transformar el acceso a la justicia.
Este programa piloto de mediación penal promoverá un enfoque centrado en las necesidades de las víctimas, ofreciendo una alternativa a la justicia punitiva tradicional. A través de un proceso de diálogo y negociación, las partes involucradas tendrán la oportunidad de alcanzar acuerdos consensuados que aborden los daños causados y fomenten la reparación y la prevención.
El Gobernador de Santiago, Claudio Orrego, comentó acerca de esta iniciativa: “Este acuerdo que estamos firmando como gobierno regional con la Fiscalía Centro-Norte, con la Defensoría Norte y con dos prestigiosas universidades del país. Nos permiten de verdad hacer una suerte de revolución en lo que entendemos por la justicia. Hasta ahora la justicia siempre ha sido entendida como una sanción penal para la persona que comete un delito. Lamentablemente, la mayoría de los delitos de menor gravedad termina impune, sin una sanción penal. Y lo que estamos buscando con este proyecto de mediación es buscar otro tipo de justicia que en este caso no solamente mejore la calidad de vida de la víctima. Sino que incluso mejore la calidad de vida del victimario y por qué no también disuada y prevenga la comisión de nuevos delitos.”
El proyecto tiene un valor total de ejecución de $337 millones. Este presupuesto incluye la contratación de recursos humanos para desarrollar el programa. Tales como la dirección ejecutiva del proyecto, gestión. El personal para capacitar a los operadores del sistema procesal penal y la impresión de material didáctico para tales fines. Así como también la generación de un sistema de registro. Y derivación de los casos seleccionados para la mediación de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto. Por su parte, la Fiscalía Regional Centro Norte aporta con las instalaciones y equipamiento.
El Fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, señaló que: “La verdad es que la mejor manera de proteger a la víctima es darle una salida de calidad a su conflicto. Para cada persona el caso más importante es el suyo. Por lo tanto, una justicia restaurativa, que esos son los procesos de mediación. Permite reparar a la víctima a través de una acción positiva del infractor. O sea, se vuelve a la paz social que había anterior sobre la base de que la víctima es reparada por la acción del infractor”.
Por su parte Daniela Bolívar, jefa de Proyecto de la Pontificia Universidad Católica, valoró la iniciativa y destacó que: “es un gran desafío generar las condiciones y resguardos para que el proceso de mediación penal sea en contexto seguro para todas las partes. Es un proceso que responde a las necesidades de las víctimas. Es una tremenda oportunidad para trabajar en conjunto en la modernización y mayor acceso a la justicia”.
La implementación de este programa piloto representa un paso significativo hacia la búsqueda de una justicia más inclusiva y efectiva. Se espera que esta iniciativa no solo mejore la calidad de vida de las víctimas. Sino que también brinde una oportunidad de crecimiento y rehabilitación para los victimarios. Además de contribuir a la disuasión y prevención de futuros delitos.
El programa piloto de mediación penal tendrá una duración de 22 meses y comenzó a implementarse en las comunas de competencia de la Fiscalía Centro Norte. Santiago, Estación Central, Quinta Normal, Independencia, Recoleta, Cerro Navia, Lo Prado, Renca, Conchalí, Quilicura, Huechuraba, Colina, Lampa y Til Til.
