Este jueves, el Tribunal Constitucional (TC), por amplia mayoría, destituyó a la parlamentaria Isabel Allende, quien formó parte del Congreso Nacional durante décadas.
El caso surgió a raíz de que, la senadora del Partido Socialista (PS), Isabel Allende, junto a otros miembros de su familia, intentaron vender al Estado la casa del expresidente Salvador Allende, su padre, por casi mil millones de pesos, para tranformarla en un museo.
Por otra parte, pese al interés del Presidente Gabiel Boric por adquirir la propiedad, diversas entidades habrían advertido la prohibición de realizar contratos con el Estado, en virtud del cargo. Pero la parlamentaria hizo caso omiso y continuó con la negociación.
Además
El valor de la propiedad (respecto al avalúo), habría sufrido cambios favorables para la familia Allende. Luego, el abogado del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat), José Cortés Vergara, reveló ante Fiscalía, según Biobio.cl y Ciperchile.cl, que la estrategia de la familia Allende, era mantener el control de la casa del fallecido exmandatario.
Eso, luego de venderla al Fisco, en medio de una investigación por fraude al Fisco a cargo del fiscal Patricio Cooper, proponían que el inmueble -comprado por $993 millones- fuera cedido en comodato a la Fundación Salvador Allende. Pero la senadora Isabel Allende y su hija eran miembros honorarios.
Ello, sumado a la creación de la Fundación Casa Museo Salvador Allende, para administrar la propiedad, esta estrategia involucraba fondos del Servicio del Patrimonio y las Culturas para la compra, dado que iba a ser adquirida por el Ministerio de Bienes Nacionales, pero con recursos traspasados desde Serpat.
Presentación de un recurso
Dadas las circunstancias, fue interpuesto un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, por diputados de oposición (Chile Vamos y el Partido Republicano), dando origen al fallo.
«Valoramos esta resolución de acoger nuestro requerimiento para cesar en el cargo a la senadora Isabel Allende por haber incurrido en un ilícito constitucional», señaló el presidente de Republicano, Arturo Squella. «Los parlamentarios no pueden celebrar contratos con el Estado».
En dicho contexto
Posteriormente, el asesor legislativo de los republicanos se refirió a las razones de la destitución de la senadora Allende.
Esto, en el marco de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, ya que no lograron concretar la transacción del inmueble.
El asesor legislativo de la bancada del Partido Republicano, Gabriel Domínguez, formó parte este jueves de los alegatos ante el TC para fundamentar la destitución de la legisladora socialista.
“La destitución de la senadora Allende era lo que correspondía; no ser sancionada, le hubiera convertido en una privilegiada ante la ley”, señaló Gabriel Domínguez.
Ello, luego de que trascendiera la decisión adoptada por la mayoría del Pleno del Tribunal Constitucional (TC).
“Lo importante del alegato es que la Corte acogió nuestra tesis de que una vez que se verifica la existencia del contrato, se verifica la infracción al artículo 60, inciso segundo de la Constitución, el cual establece que un parlamentario cesa en su cargo si celebra contratos con organismos estatales durante el ejercicio de sus funciones”, añadió el experto jurídico.
Ante el Pleno del TC
Por republicanos, concurrieron Emiliano García, jefe legislativo de la bancada y Domínguez. Ellos, estuvieron acompañados de los diputados Cristián Araya y Juan Irarrázaval, además de sus pares José Carlos Meza y Luis Fernando Sánchez.
Por Chile Vamos, alegó el exministro Máximo Pávez, mientras que la senadora Allende estuvo representada por Gabriel Osorio.
La tesis de la contraparte era que el sentido de la norma era que los parlamentarios no se enriquecieran.
Pero la tesis del equipo legislativo de la bancada republicana y de Chile Vamos es que la norma es objetiva, prohíbe el mero hecho de contratar, no le interesa si hay buena o mala fe, enriquecimiento o no, u otro tipo de consideraciones.
“Lo que se jugaba aquí es que no haya personas ni grupos privilegiados. La familia Allende no podía sino ser sancionada, porque de lo contrario serían unos privilegiados y eso la gente no lo aceptaría. La Ley es clara: la Constitución prohíbe a los senadores contratar con el Estado y la gente no podría no podría entender que no la destituyan. El TC en ese sentido, tiene una labor fundamental que es aplicar la Constitución y la Ley”, concluyó Domínguez.
