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La investigación impulsada por el Gobierno de Santiago -que fue solicitada al Centro de Políticas Públicas UC con la asesoría de la Cámara Nacional de Comercio- se propuso caracterizar a quienes desempeñan esta actividad.
En la Cámara Nacional de Comercio, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego; el presidente de la CNC, José Pakomio, y el subdirector del Centro de Políticas Públicas UC, Cristian Crespo, dieron a conocer el Estudio de Caracterización del Comercio Ambulante de la Región Metropolitana.
Una investigación impulsada por el Gobierno de Santiago, que fue solicitada al Centro de Políticas Públicas UC con la asesoría de la Cámara Nacional de Comercio, y que tuvo como objetivo caracterizar a quienes desempeñan esta actividad. El estudio reveló que el comercio ambulante lo desarrollan tanto hombres como mujeres en igual proporción, mayoritariamente entre los 30 y 49 años.
Además, se evidencia que la mayoría cuenta con enseñanza media completa y que, habitualmente, son jefas o jefes de hogar que están a cargo de niñas y niños. En cuanto a la nacionalidad, se pudo constatar que el 42% corresponde a personas extranjeras, de las cuales el 36,5% cuenta con una visa o residencia y el 49,1% no cuenta con una condición migratoria regular.
El levantamiento de la información se realizó entre marzo y junio del 2023. Se seleccionaron, en coordinación con los gobiernos locales, 20 puntos con alta presencia de comercio ambulante en 13 comunas de la Región Metropolitana (Santiago; Estación Central; Providencia; Recoleta; La Florida; Puente Alto; La Cisterna; Maipú; Lo Prado; San Bernardo; Independencia; Quilicura y Melipilla).
El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, señaló que “el estudio es concluyente y define múltiples variables en la problemática del comercio ambulante. Por ejemplo, con esta radiografía nos percatamos que el mercado ilegal es muy atractivo tanto para vendedores como compradores: sobre el 90% de los compradores se encuentra satisfecho o muy satisfecho con la compra de artículos, motivados por los precios (53,7%) y el fácil acceso (47%) de los productos”.
“Por el lado de los vendedores, los niveles de ingresos a los que acceden, así como otros beneficios de la actividad se vinculan a la baja disposición a la formalización o la reconversión laboral. Incluso, tras recibir una sanción, el 70% de quienes ejercen el comercio ambulante señala que continuaría con la actividad, mientras que un 67% de los compradores haría lo mismo. Estas cifras son muy útiles en la reformulación de una estrategia que nos permita desarticular este tipo de comercio, enfocándonos en perseguir el origen del comercio ilegal para así hacerlo menos atractivo para aquellos que lo ejercen”.
En cuanto a los bienes transados, el estudio constató que ropa y comida lideran los tipos de productos ofertados, mientras que, en mucho menor medida, se ubican aquellos productos ilegales como cigarros, medicamentos y artículos falsificados.
Una de las principales preocupaciones que levanta la investigación apunta a la falta de permiso municipal para la venta, en tanto el 72,2% de los encuestados no cuenta con tal autorización. Entre el porcentaje proclive a formalizar o regularizar su actividad, un 57,7% de vendedores está dispuesto a obtenerlo por medios oficiales, sin embargo, el proceso se percibe como difuso, engorroso y con una escasa probabilidad de éxito. Desde el punto de vista de los compradores, el 82,9% está de acuerdo con que se entregue un lugar y un permiso a quienes ejercen esta labor, aunque mayoritariamente esto aplica solo si cuentan con su situación migratoria regularizada.
El estudio destaca que el 82,9% de los vendedores indica satisfacción con la actividad y un 54,3% no estaría dispuesto a dejarla, valorando atributos como la flexibilidad laboral, autonomía y liquidez financiera. De hecho, se estima que el ingreso promedio diario en esta actividad es de $40.000, con una jornada laboral de 6 días a la semana, en los que trabajan en promedio 8,3 horas diariamente.
Los datos, además muestran que el 56,5% de los vendedores declara estar dispuestos a regularizar su situación laboral, sin embargo, de ellos, solo el 39,3% tiene voluntad para formalizar su emprendimiento y dejar de vender en la calle.
“Esta situación demanda establecer tipologías de comercio ambulante y estrategias diferenciadas para brindar soluciones eficaces, tanto para regularizar la actividad en los casos que sea factible, como para focalizar la fiscalización e investigación en aquello que involucra delitos, como, por ejemplo, el contrabando o la falsificación”, señaló Cristian Crespo, subdirector del Centro de Políticas Públicas UC.
Al respecto, el presidente de la CNC, José Pakomio, señaló que “el incremento del comercio ilegal en los barrios es una realidad que va en aumento. Los resultados del estudio se relacionan directamente con nuestra última Encuesta de Victimización del Comercio donde el 64,7% de las personas estima que la presencia de ambulantes ha aumentado, no sólo en Santiago, sino también en otras regiones”.
“Este dato no es trivial -precisó Pakomio- ya que el porcentaje de victimización aumenta en aquellos establecimientos que reportan comercio ilegal en sus cercanías (68,1%) frente a aquellos en los que no se detecta (54,9%). De aquellos establecimientos que tienen comercio ambulante ilegal en su barrio, un 75% dice que este aumenta la inseguridad del barrio, un 61,9% dice que afecta la seguridad de clientes y empleados. Por otro lado, un 38,7% menciona que afecta sus ventas. En cuanto a la fiscalización del comercio ambulante, un 65,2% dice que no existe control alguno”.
Estos resultados nos dan cuenta de la realidad de la problemática del comercio ambulante en la Región y, a la vez, nos permiten comenzar a construir una política pública integral para abordar en conjunto el fenómeno como ciudad.
