La Municipalidad de Lautaro se encuentra en el ojo del huracán tras la denuncia de un posible espionaje político, luego de que se difundiera un video captado por cámaras de seguridad municipal sin autorización. El alcalde Ricardo Jaramillo ha negado cualquier tipo de espionaje, pero funcionarios y exfuncionarios han denunciado que el director de Seguridad, Daniel Moraga, habría entregado información sensible al alcalde.
La Municipalidad de Lautaro, en la Región de La Araucanía, ha iniciado un sumario administrativo para determinar las responsabilidades en la captura y difusión del video. Sin embargo, funcionarios y exfuncionarios han expresado su temor a represalias y han denunciado que muchos despidos en el municipio fueron producto de conversaciones captadas y entregadas al alcalde Jaramillo por el director Daniel Moraga.
Según fuentes cercanas al caso, existen testigos dispuestos a declarar que el alcalde Jaramillo habría solicitado la instalación de cámaras de seguridad con capacidad de grabar audio, lo que fue impedido por el director jurídico de la municipalidad en ese momento, Raúl Henríquez, debido a la ilegalidad del procedimiento.
Funcionarios pertenecientes a las asociaciones comentan que el alcalde solo insistía en saber quién aún estaba apoyando al exalcalde Raúl Schifferli, quien fue condenado por abuso sexual, para sacarlos. Esto también configuraría persecución política, que se respaldaría en muchos de los más de 50 funcionarios desvinculados.
Los funcionarios afectados por la grabación sin consentimiento han presentado una denuncia ante concejales hace más de tres meses, pero no recibió atención hasta que Luis Báez realizó una denuncia ante el Ministerio Público por la exposición no consentida de su imagen y vulneración de derechos de funcionarios y usuarios.
Se espera que en los próximos días el Cuerpo de Concejales cumpla con su obligación fiscalizadora y denuncie en Contraloría para que se investigue presunto notable abandono de deberes por parte del alcalde Ricardo Jaramillo.
Este caso recuerda al escándalo de espionaje en la Municipalidad de Independencia, que terminó con el administrador destituido. La similitud entre ambos casos es alarmante y ha generado preocupación en la comunidad sobre la protección de los derechos de los funcionarios y la transparencia en la gestión municipal.
La investigación interna y la denuncia ante la Fiscalía deberán esclarecer las responsabilidades en este caso. Mientras tanto, los funcionarios y exfuncionarios esperan se haga justicia.
