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Durante las últimas semanas, además, la directiva nacional del INJPL ha sostenido una serie de audiencias con consejeros constitucionales para expresar sus diferencias respecto de indicaciones que buscan suprimir la creación de los Tribunales locales.
Con una importante participación de los Juzgados de Policía Local de las regiones de Arica-Parinacota, Coquimbo, La Araucanía, Aysén y Magallanes, el Instituto Nacional de Jueces de Policía Local (INJPL) dio a conocer los resultados de la segunda consulta realizada en todo el país, que muestra una marcada preferencia de quienes adhieren a la posibilidad de terminar con la doble dependencia y pasar a integrar el Poder Judicial o ser parte de un tribunal especial dependiente de otro organismo estatal.
Al igual que el 2021, donde se efectuó la primera consulta institucional con resultados similares a este año, los asociados se mostraron a favor de los principios de acceso a la justicia e independencia y unidad jurisdiccional, por cuanto sostienen son ejes esenciales para esta judicatura.
Actualmente, de las 346 comunas existentes en todo el país, 325 tienen Juzgado de Policía Local lo que equivale a un 94%. De éstos, 324 cuentan con un juez letrado y sola uno con una alcaldesa que ejerce dicha función (comuna de Calle Larga, Región de Valparaíso).
“Este punto es importante tenerlo en presente ya que es una manifestación clara de cómo se pierde el principio de independencia jurisdiccional en este tipo de Tribunales”, argumenta la presidenta del INJPL, Carola Quezada.
Consulta nacional
La consulta nacional realizada por el INJPL durante el mes de julio, que contó con la participación de 303 jueces y secretarios abogados de policía local de todo el país (87,8%), destaca que la mayoría de los asociados y no asociados está por integrar el Poder Judicial o ser parte de un Tribunal especial dependiente de un organismo central del Estado, como son los Tribunales ambientales. Tan solo un 3% (10 participantes) adhiere a la posibilidad de seguir en los municipios.
Otro aspecto relevante apunta a que el 95% plantea la necesidad de que se incorpore la tramitación electrónica a dicha judicatura, cuestión que no se ha podido solucionar -precisa el vicepresidente del INJPL, Mirko Bonacic-Doric- por “la dependencia municipal, que provoca una gran afectación al principio de acceso a la justicia y que es un deber del Estado en materia de digitalización de conformidad a los tratados vigentes y que está ordenado por la Ley 21.180”.
La presidenta del INJPL añade, en tanto, a esta situación: “Por décadas, los JPL han ido quedando en el olvido, han sido ignorados por las reformas a la justicia, han estado inmersos en la doble dependencia lo que se traduce en que su nivel y calidad de servicio para con los ciudadanos, dependerá directamente del presupuesto municipal correspondiente, lo que en la práctica resulta en que muchos de ellos prestan servicios judiciales en precarias condiciones por lo que hoy las personas no cuentan con un estándar mínimo de atención”.
Proceso constitucional
Desde fines de julio, la directiva nacional de los INJPL -que reúne a más de 360 asociados lo que representa casi el 70% de los Juzgados de Policía Local- ha comenzado a sostener una serie de encuentros con consejeros constitucionales de distintos sectores políticos.
Las audiencias permitieron mostrar sus diferencias respecto de indicaciones que se presentaron al anteproyecto elaborado por la Comisión Experta, que en su articulado propone la creación de los Tribunales comunales.
Al respecto, el vicepresidente del INJPL enfatiza que “vemos con mucha preocupación las enmiendas presentadas, en el Consejo Constitucional, destinadas a suprimir la creación de los Tribunales Comunales, toda vez que, esto no solo mantendría las actuales barreras al ejercicio del derecho de acceso a la justicia, con mayor énfasis en las zonas rurales, sino que, apuntan a mantener el statu quo de fondo en que ha estado esta justicia durante los últimos 40 años”.
Además de las reuniones, desde la directiva de los JPL se envío a cada uno de los consejeros una carta donde expresan su preocupación por las propuestas que ha levantado un grupo de jueces de la Región Metropolitana que buscan mantener el actual sistema.
“Si prosperan dichas enmiendas -precisa Carola Quezada- se estará afectando a toda la ciudadanía al privarlos de contar en sus comunas con tribunales que, de manera uniforme y a lo largo de todo el país, no solo orientarán, resolverán o encausarán adecuadamente aquellos asuntos de interés comunal, sino que, también serán un importante aporte para evitar en materia de prevención que pequeños conflictos escalen a conflictos mayores, ya que contarían con soluciones alternativas de conflictos”.
Claves serán las próximas semanas cuando los consejeros comiencen a votar -en comisiones como también en el pleno- las enmiendas que se han presentado al anteproyecto.
