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Mejoras al Proyecto de Ley de Parcelaciones, la aprobación del proyecto de Ley que crea el Sernafor y actualizar el DS N°68 para proteger la flora nativa, son principales desafíos que ha resaltado la fundación.
“Con permiso para destruir” se titula el último balance ambiental, en que analizaron hechos relevantes, desde una perspectiva crítica del accionar del Gobierno y el quehacer nacional. El documento, destaca lo mejor y peor en diversas temáticas, una de ellas el área forestal, sector marcado por el megaincendio que devastó cerca de 9.200 hectáreas en Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana; y la larga tramitación legislativa del proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional Forestal (Sernafor) (Boletín N° 11.175).
“Ante los distintos fenómenos que amenazan el medio rural y forestal del país, como los incendios forestales cada vez más frecuentes o la proliferación de parcelaciones con fines residenciales, deviene de especial relevancia agilizar aspectos regulatorios que mejoren la gestión, prevención y fiscalización de estos procesos”, señaló Pablo Madrid, investigador y coautor del capítulo de forestal.
Institucionalidad Forestal
El anticuado marco institucional forestal de Chile, liderado por la Conaf, ha develado una serie de deficiencias de gestión y coordinación, en un escenario cada vez más crítico para la conservación de las formaciones vegetacionales del país, como se evidenció en los últimos incendios del verano de 2024.
En este sentido, Pablo Madrid se refirió a la necesidad para que “tanto el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal (Boletín N°11.175-01), que logró ser recientemente aprobado en la Sala del Senado de forma unánime, dando paso a su tercer trámite constitucional luego de siete años de tramitación; como el proyecto de ley que “Regula la prevención de incendios forestales y rurales, y otras materias que indica” (Boletín16.335-14), continúen siendo tramitados con debida diligencia, dado que el actual escenario requiere de nuevas y mejores capacidades, junto con un adecuado presupuesto para contar con personal especializado en la generación de conocimiento y en el despliegue territorial para labores de inspección y fiscalización.
Ley de parcelaciones
El proyecto de ley para la Protección del territorio y la vida rural (Boletín N° 15.215-14), conocido también como Ley de Parcelaciones, fue ingresado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados y Diputadas en julio de 2024. Este tiene como propósito abordar el crecimiento desmedido e irregular de las divisiones de terrenos con fines residenciales, cuyos impactos van desde la fragmentación de ecosistemas hasta la pérdida de suelos agrícolas.
Con respecto a la configuración física que determina el proyecto, se establecen las siguientes condiciones: no menos de un 70% para usos agropecuarios o de conservación; un 20% al emplazamiento de instalaciones complementarias a las actividades de conservación o agropecuarias; y un 10% para destino habitacional.
Al respecto, Pablo Madrid cuestiona si estas parcelaciones realmente impedirán la fragmentación de ecosistemas o la pérdida de suelos agrícolas, dado que esta conformación se orienta a cada predio resultante y no al conjunto predial. Por tanto, la habilitación de caminos, construcción de infraestructura y otras intervenciones podrían mantener, e incluso aumentar la trayectoria de cambio de uso de suelo y pérdida de biodiversidad que el territorio ha experimentado a causa de las parcelaciones.
Actualización DS 68
En cuanto al Decreto Supremo N° 68, desde Fundación Terram destacan que es altamente relevante ya que, mediante el listado publicado por el Ministerio de Agricultura, en base a lo establecido en el artículo 2° N° 13 de la Ley N° 20.283 sobre recuperación de bosque nativo y fomento forestal, se definen las especies arbóreas y arbustivas de Chile que deberían ser consideradas en la identificación de la vegetación para las evaluaciones ambientales de proyectos de inversión. En estricto rigor este decreto no establece categorías de conservación, pero si lo hace con las especies nativas que deberían ser identificadas en las líneas de base de dichos proyectos.
Sobre ello, Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram y coautora del capítulo señaló que “en este registro se deberían incorporar unas 1.200 especies, las cuales en su mayoría habitan en ecosistemas mediterráneos. Esto obligaría a que los proyectos las identificaran en los procesos de evaluación ambiental y evitaría que fuesen arrasadas como ocurre actualmente”.
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