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La mañana de este martes, los alcaldes Cristóbal Labra, Joel Olmos y Christopher White, además del concejal Jozo Vukelic, llegaron hasta La Moneda para exigir más protección y más herramientas para el personal de seguridad municipal.
Este martes un grupo de autoridades comunales, miembros de la Asociación de Municipios para la Seguridad Comunitaria (AMSC), asistieron al Palacio de La Moneda para entregar al Gobierno una propuesta con el fin de autorizar el uso de armas no letales por parte de guardias municipales, con el fin de proteger a funcionarios y a la comunidad de distintas situaciones de riesgo relacionadas a la prevención y persecución del delito.
En la instancia, el alcalde de San Joaquín y presidente de la (AMSC), Cristóbal Labra, expresó que “necesitamos cuidar a nuestros funcionarios municipales, a quienes colaboran con la seguridad. Lo que estamos pidiendo es el resguardo de la gente que nos cuida día a día, miles de funcionarios que están en la misma situación. Todo esto es solo voluntad política y le pedimos al Presidente que autorice el uso de armas no letales”.
Por su parte, el jefe comunal de San Bernardo, Cristopher White, subrayó que actualmente “la contienda es desigual, porque con la dotación de Carabineros no es suficiente. Así como se ha investigado el uso de pistolas taser para Carabineros, también las queremos para funcionarios de seguridad pública. Creemos que son claves para evitar agresiones”, aseguró.
En la misma línea, Joel Olmos, alcalde de La Cisterna, manifestó que “no puede ser que los funcionarios sigan arriesgando su vida al enfrentar situaciones en las que no pueden resguardarse. Hacemos el llamado al Gobierno para que pueda incorporar estos elementos de protección personal, de manera que podamos entregar mayor seguridad a nuestros funcionarios”, sentenció.
Cabe destacar que esta iniciativa coincide con los objetivos del Proyecto de Ley para el Fortalecimiento Municipal en Materia de Seguridad Pública y Prevención del Delito, el cual actualmente está siendo discutido en el Senado.
Además, el establecimiento de esta medida deberá ir a la par con un marco regulatorio que establezca límites, protocolos y condiciones en las que se permita el uso de estas armas. Los funcionarios tendrán que ser capacitados, acerca del funcionamiento de las herramientas, evaluación de los riesgos y una formación adecuada, con el objetivo del uso responsable de estos instrumentos.
