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Es evidente que la práctica en el Congreso ha modificado la naturaleza de la acusación constitucional, pasando de un proceso jurídico-político a uno donde priman casi únicamente, factores políticos, llegando incluso, a afectar garantías fundamentales que no tienen mecanismos de cautela.
Lo anterior, se demuestra en que, en los últimos 10 años, de 19 acusaciones, solo dos personas fueron sancionadas. Esto ultimo debería ser tratado en el nuevo proceso constitucional, pudiendo ser parte de las soluciones, limitar los supuestos de hecho que dan origen a este tipo de responsabilidad (hoy son tipos abiertos como “comprometer gravemente el honor”) y además, la posibilidad de revisar o impugnar la sanción ante otro órgano o instancia.
Lo anterior, no solo como un mecanismo de incentivo para que el Congreso resuelva según la propia Constitución, sino además, para dar eficacia a una serie de derechos fundamentales que se pueden vulnerar en este tipo de procesos como la garantía al debido proceso y la tutela judicial efectiva.
Christopher Gotschlich
Abogado y académico U. Central
