Ante la sanción de la Superintendencia de Educación a la Municipalidad de Temuco: AChM respalda el uso de detectores de metales.
Tras la sanción de la Superintendencia de Educación a la Municipalidad de Temuco, por la instalación de pórticos detectores de metales en el Instituto Superior de Comercio (Insuco), la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), a través de su presidente, Gustavo Alessandri, respaldó a su par Roberto Neira, por aplicar esta medida.
“Esta decisión no es antojadiza ni improvisada, sino que responde a un escenario nacional donde la violencia y los conflictos de convivencia escolar han alcanzado niveles críticos”, señaló.
Desde la Superintendencia, que multó a la municipalidad con 56 UTM (cerca de $3.844.288), se argumenta que la instalación de pórticos “incumple la normativa educacional, que establece que este tipo de medidas altamente intrusivas vulneran los derechos de las y los estudiantes, como el derecho a la educación, a la dignidad y a la intimidad”.
En ese contexto, la AChM apoya el uso de detectores de metales
El presidente de la ACHM, defendió el uso de estas herramientas para contener y controlar la violencia dentro de los recintos recordando que estos hechos de violencia ya no son aislados y que las medidas de prevención tradicionales ya no bastan.
“Comunas como Santiago, San Pedro, Parral, Lota, Temuco, San Carlos o Tocopilla, por nombrar solo algunos, han debido enfrentar episodios de violencia que ponen en riesgo la integridad de estudiantes, docentes y comunidades enteras, porque el uso de armas blancas, amenazas y agresiones físicas se está volviendo una constante”, aseveró Alessandri.
Finalmente, catalogó la sanción de la Superintendencia de Educación como una medida “totalmente desconectada de la realidad nacional, pues actúa como si los tiempos no hubieran cambiado”.
Agregó que “los marcos normativos actuales del Ministerio de Educación fueron diseñados en contextos muy distintos a los que hoy enfrentamos y desde ese punto de vista creemos que llegó la hora de revisarlo y comenzar un diálogo nacional que ponga este tema en el centro de la política pública, porque proteger los espacios educativos es una urgencia social”.
